En el día de ayer, mediante un posteo de Facebook de una vecina de Palmira, Distrito populoso de San Martín, se viralizó un intento de saqueo a la escuela Domínguez, mientras en esta se repartían los bolsones alimentarios para los alumnos.

Si bien el intento de saqueo no se dio en la escuela, como decía el posteo, si ocurrió en el barrio donde se ubica la misma. El hecho se dio mientras dos asistentes sociales repartían los módulos de alimento en una de la camioneta del Estado, hecho que hizo que se aglutinara más gente que la que estaba convocada a recibir el bolsón alimentario, las cuales intentaron hacerse de los mismos, lo que produjo que los empleados se fueran del lugar con los alimentos.

Este hecho, por ahora aislado, ha puesto de relieve la verdadera situación que se vive en las barriadas populares, donde el acceso a alimentos se está volviendo una verdadera preocupación, ya que se ha cortado toda vía para acceder a changas o trabajos informales que son la regla para estas familias trabajadoras. Así mismo, a la provincia todavía no ha llegado la entrega de la tarjeta alimentaria que promociona el gobierno nacional, sumado a la reducción de la ración de alimentos y la cantidad que se entregan en las escuelas por parte del gobierno provincial.

Consultado por este hecho, el comisario del departamento y el delegado de la DGE (Dirección General de Escuelas) han señalado que utilizaran a las fuerzas represivas apostadas en las calles para garantizar las entregas que aún faltan. Anunciando que la modalidad de entrega cada 15 días se va a mantener tal como esta.

Lo que termina de afirmar que el gobierno no tiene ningún interés en oír los reclamos populares, como es el acceso a algo tan básico como la fuente de alimento.

Contra esta política de hambre y represión se vienen organizando varios trabajadores ocupados y desocupados de los barrios de toda la provincia, para reclamar la implementación de un programa que los priorice, anteponiendo la inmediata entrega de alimentos para dar respuesta a las necesidades de cada familia; un seguro al parado de $30.000; elementos de seguridad y limpieza; y todo lo que requieran las familias obreras frente a esta crisis.