Según datos revelados por la Defensoría de las Personas con Discapacidad días atrás (MDZ Online, 26/6), 25% de las pensiones de esta índole dadas de baja no han sido restituidas en la provincia de Mendoza, cuando ya se ha cumplido el plazo para la “revisión” de las mismas.

 

A su turno, la Defensoría de las Personas con Discapacidad ha presentado un recurso de amparo individual y de incidencia colectiva para que se determine la total restitución de las pensiones.

 

La revelación de la Defensoría desnuda la impostura del gobernador Alfredo Cornejo, quien de cara a las próximas elecciones legislativas montó junto a Claudia Najul, su flamante Ministra de Salud y Desarrollo Social, una puesta en escena en la que se presentaban como cruzados de la restitución de las pensiones.

 

El ataque contra las pensiones por discapacidad, en la que el gobierno ha debido retroceder parcialmente, forma parte de una ofensiva que incluye el avance sobre las pensiones por viudez, recortes en el Pami, y la baja de planes Progresar.

 

El despojo de los 4776 pesos miserables de las pensiones forma parte de una política de ajuste general contra los trabajadores –incluidos despidos y suspensiones– que Cornejo comparte con Mauricio Macri. Tanto en Mendoza como en la Nación, llevan adelante estos ataques a pedido de los grandes capitalistas.

 

Reclamamos que se restituyan las pensiones, así como la urgente aprobación del proyecto de ley de Soledad Sosa, diputada nacional mendocina del Partido Obrero-Frente de Izquierda, que plantea la derogación del DNU menemista (432/97) sobre el que se asentó el recorte de las pensiones por discapacidad.