En el marco de una oleada de calor histórica, la provincia de Mendoza se enfrenta a un grave déficit en el suministro de agua potable. Denuncias sin fin se aglomeran en las redes sociales denunciando la falta de agua, la baja presión y los cortes sistemáticos. Progresan al mismo tiempo autoconvocatorias y cortes de calle en todos los departamentos.

No se cumplen dos semanas del 2022 y se registran cortes en múltiples lugares de la provincia. Alejandro Gallego, presidente de AySaM, declaró en televisión la información poco creíble de que hay alrededor de 1.000 familias que no tienen acceso al servicio de agua potable. No hizo mención a quienes sufren cortes sistemáticos y baja presión que es la mayoría de la población. En su entrevista, el presidente de la empresa, que tiene el 80% del servicio en la provincia, seguido solo por cooperativas y municipalidades, buscó responsabilizar a los usuarios que hacen mal uso del recurso desentendiendo a la empresa de las responsabilidades que le caben como administradora del servicio.

La empresa declaró en noviembre que los servicios de agua potable y cloacales estaban saturados, que más de 1.000 km debían ser reemplazados y que para mantener su tasa de ganancia debía aumentar en un 47% la tarifa del servicio público. Justo antes del cierre de año se solicitó y aprobó un fondo fiduciario para hacer frente al mal estado de las redes.

Cabe destacar que AySam es el producto de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. La provincia es titular del 90% de las acciones. Lo que manifiesta una política privatista y que ve los servicios públicos como negocios.

Durante el 2021 la empresa registró 72.034 reclamos por cañerías rotas, falta de agua y cortes en el servicio, 1.500 reclamos a la semana que manifiestan el carácter vetusto del servicio y su mantenimiento. Se suma a la situación de las cientos de familias que no poseen directamente instalaciones de agua y deben movilizarse diariamente a casas con quienes comparten el servicio o canillas comunitarias en los lugares más pobres de la provincia.

En esa línea, el gobierno de Mendoza, encabezado hoy por Rodolfo Suárez, y en continuidad con todos los gobiernos hasta la fecha, han favorecido la dilapidación de los servicios públicos. Priorizan no garantizar los servicios sino la obtención de ganancias a través de las tarifas a los usuarios y también de la obtención de subsidios sistemáticos de parte del Estado. La lógica empresarial que impera va en contra de la satisfacción de las necesidades populares.

Esto se expresa en el aumento que decretó el gobernador de un 45% más un cargo especial del 10% por la renovación de redes. Una medida usuraria que contrasta con la crisis en curso.

El gobierno de Mendoza favorece la exploración y la extracción desmesurada de recursos naturales como el gas y el petróleo en la provincia en su afán de obtener divisas para el pago de deudas nacionales y provinciales y garantizar las ganancias de los pulpos empresariales, dando lugar al gasto de millones de litros de agua que lejos están de satisfacer los derechos más básicos de los trabajadores de la provincia. Demuestran una vez más que las voces que favorecen la modificación de la 7.722, ley que prohíbe el uso de químicos en la explotación minera y que fue defendida por la movilización popular en 2019, no están en la misma sintonía de las necesidades populares; es que la política de los peronistas y radicales se encuentra en línea con las grandes empresas.

Hacerse cargo de la satisfacción del servicio de agua potable de manera inmediata es indispensable. Se deben solucionar las pérdidas que hay en múltiples lugares y que, según informes del 2018, correspondían al 40%, garantizando el acceso al servicio, derecho universal básico de todos los usuarios. Debe desarrollarse un plan de obras públicas que garantice el acceso a todos los servicios básicos y una urbanización para toda la población que afectada por el grave déficit habitacional debe hacinarse y construir en lugares sin servicios. Es necesaria la retracción de los tarifazos que lejos están de ser satisfactorios para los usuarios que además no han recibido aumentos salariales acordes. El pueblo mendocino debe ponerse en pie en una gran campaña que voltee este tarifazo y que satisfaga sus necesidades urgentemente.