13/08/2021

Mendoza: Suárez construye barrios privados prohibitivos con fondos públicos

El gobierno de la provincia usa los recursos provinciales para beneficiar a las constructoras.

Hace algunos días,el gobierno provincial de Mendoza anunció que se habilitaba la adjudicación de viviendas. Las mismas son en barrios privados y a un costo muy elevado.

Los requisitos para acceder son prohibitivos: en el caso más “económico” se precisan $2,2 millones para ingresar, ingresos familiares superiores a los $125 mil y cuotas superiores a los $31 mil, ajustadas por el coeficiente de actualización salarial.

Contra esta política restrictiva el Frente de Izquierda Unidad – Partido Obrero ha impulsado la organización de los trabajadores de la construcción y las familias trabajadoras por trabajo, urbanización y viviendas.

Así no va más

El déficit habitacional de la provincia ronda las 150 mil familias, sumado a un un cuadro de fuerte caída de las condiciones de vida, estando más de la mitad de la población en la pobreza.

La pandemia ha agudizado la crisis que ya se venía desarrollando previamente. Por un lado, la caída de los ingresos de las familias trabajadoras hace casi imposible sostener el pago de un alquiler profundizando el hacinamiento y las viviendas precarias. Por otro lado, la crisis ha presionado a que muchos dueños pongan a la venta sus casas y departamentos, retirándose del mercado de alquileres y por lo tanto reduciendo la oferta que ha significado un aumento mayor de los costos de renta.

Construir una vivienda es algo directamente imposible en el actual cuadro inflacionario. Según el centro de ingenieros el costo para construir una casita económica de 60 metros cuadrados asciende a casi 5 millones de pesos. En el caso de que sea de una calidad media este costo sube a poco más de 7 millones. En todos los casos el lote es aparte.

Los sucesivos gobiernos provinciales han tenido una política similar, utilizar los recursos provinciales para mejorar zonas turísticas o favorecer emprendimientos privados que siempre terminan favoreciendo las mismas cuatro y cinco empresas, que en muchos casos directamente no ejecutan las obras, si no que las tercerizan. Este mecanismo prácticamente duplica los costos que paga la provincia.

Por contrapartida quienes están pagando la crisis del sector son los trabajadores de la construcción que cobran su remuneración en pesos, en un mercado inmobiliario que se mueve en dólares. Es elocuente el caso de las obras de la Municipalidad de Guaymallén que indexó su pago al dólar, con el voto en contra solo del Frente de Izquierda.

La política del gobierno provincial y los municipios claramente no busca resolver la urgencia de la vivienda o el trabajo, por el contrario, utilizan los recursos públicos para mantener la rentabilidad de cuatro o cinco empresas constructoras. Este esquema está abiertamente agotado y se ha transformado en un lastre tanto para las aspiraciones populares, como para las finanzas provinciales.

Por viviendas, urbanización y trabajo

Poner en marcha un verdadero plan de obra pública es parte del programa del Frente de Izquierda históricamente, pero en un cuadro de crisis como el actual cobra importancia por que puede atender las urgencias sociales.

En primer lugar el manejo de los fondos de obra pública, y la decisión de cual se debe ejecutar, debe estar en manos de los trabajadores. De esta forma evitamos que se utilicen los recursos públicos para garantizar el negocio de las constructoras y se maximice los recursos para la construcción de viviendas y la urbanización de barrios populares.

Para esto es necesario que las obras sean ejecutadas por administración directa, eliminando el costo adicional que implica la rentabilidad de grandes empresas, que en su mayoría no ejecutan las obras y al mismo tiempo se garanticen salarios de los obreros por arriba de la canasta familiar.

Estas medidas implican un abordaje directo de dos grandes problemas, la vivienda y el trabajo, pero pueden ser el puntapié de un verdadero desarrollo provincial, pues la construcción mueve una serie de industrias que hoy están paralizadas.

Con los obreros y el FIT-U

Venimos de impulsar un primer encuentro de obreros de la construcción que votó sumarse a la lucha y campaña del FIT-U con estos planteos, para que se sienta en las calles y en las urnas.

Ya comenzó el empadronamiento de cientos de compañeros y el armado de grupos de whatsapp para coordinar la campaña y las acciones. En los próximos días vamos a un acto en las puertas del Instituto Provincial de la Vivienda con nuestras propuestas.

Dichos planteos chocan frontalmente con la política que aplicaron y aplican los gobiernos del Frente de Todos y Cambia Mendoza, por eso estos reclamos deben sonar fuerte en las calles y en las urnas. Con la fuerza de los reclamos populares vamos con el Frente de Izquierda Unidad.

 

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