La pandemia toma carácter crítico, con una duplicación de casos cada 13 días. El gobierno dice que tiene controlada la situación, pero esto contrasta con las filas afuera de los hospitales para hisoparse y la “internación extrahospitalaria” y con las denuncias de las y los trabajadores de la salud.

Los hospitales ya están colapsados

Solo 6 hospitales públicos de la provincia cuentan con UTI para adultos. El hospital Central, por lejos el más grande, tiene 37 camas UTI en total (Covid y no Covid) de las cuales 33 se encuentran ocupadas. El hospital Del Carmen -dependiente de la OSEP- tiene 14 de 16 camas UTI ocupadas.

La ampliación de camas de la que se jacta el gobierno se hace de forma totalmente irresponsable desde el punto de vista sanitario, ya que aumentan las camas pero no el personal, que se ve sobrecargado con un crecimiento exponencial del trabajo y sin los recursos necesarios.

El personal de salud ya era insuficiente antes de la pandemia, especialmente los intensivistas, por el abandono que ha sufrido la salud pública durante décadas. A esto se le suman (o restan) los que dan positivo de Covid-19 por la falta de EPP y espacios de descanso adecuados, como denuncian sistemáticamente las y los trabajadores de la salud en la provincia. La situación en este sentido es realmente crítica, tanto en Mendoza como en todo el país.

La salud como negocio atenta contra la vida

Desde el gobierno mintieron durante meses diciendo que la provincia disponía de 330 camas de UTI y que por lo tanto se podía proceder a la apertura de la cuarentena, porque el sistema sanitario tenía capacidad de respuesta. Lo que no dijeron es que más de la mitad de esas camas pertenecen a las clínicas privadas, que no están dispuestas a ponerlas a disposición de la lucha contra la pandemia en detrimento de sus ganancias.

Es necesaria una centralización de todo el sistema sanitario público, privado y de las obras sociales para que todos los recursos disponibles -materiales y humanos- estén colocados en función de defender la vida y no el lucro capitalista. Algo en lo que el gobierno de Rodolfo Suárez no está dispuesto a avanzar. Por eso, ante la presión de los dueños de la salud, ni siquiera llegó a ver la luz la resolución ministerial que prohibía las cirugías programadas -que utilizan camas UTI- en todo el territorio provincial.

La salida es de fondo, o no es

La apertura prácticamente total de la cuarentena en Mendoza no está sustentada en criterios epidemiológicos ni sanitarios sino en la presión que ejercen las cámaras empresariales para empezar a recomponer sus ganancias. Por eso, al igual que a nivel nacional, se usa de chivo expiatorio a las reuniones familiares y sociales, lo único que sigue prohibido. La campaña de “aislamiento voluntario” es la base para evitar responsabilizar al propio Estado y al empresariado por no cumplir con protocolos ni medidas de seguridad e higiene.

Es el gobierno el que atenta contra las medidas de distanciamiento y precaución al no garantizar la subsistencia de la mayoría de la población. Por eso exigimos la anulación del tarifazo de los combustibles; aumento salarial de emergencia a los trabajadores ocupados; subsidio de $30.000 mensuales a los desocupados y refuerzo de la ayuda alimentaria a los comedores; y la prohibición real de despidos y suspensiones. Todo esto puede ser financiado con la suspensión del pago de la deuda externa y un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, como plantea el proyecto de ley de Romina Del Plá en el Congreso Nacional.

Solamente los trabajadores organizados y deliberando, podemos imponer estas medidas de fondo al gobierno y así defender nuestra vida y la de nuestras familias.

https://prensaobrera.com/politicas/la-crisis-se-agravo/