Bajo cuarentena el Poder Judicial de la provincia trabajó con la modalidad de feria judicial. Pero la presión de las corporaciones de abogados de las compañías financieras lograron el levantamiento de la misma y el gobernador Suárez ofició de gestor de sus reclamos ante el gobierno nacional logrando el DNU 729/2020 que exceptúa las profesiones liberales del aislamiento social obligatorio.

Con el decreto provincial, la Suprema Corte de Justicia habilitó todos los tribunales de la provincia a partir del lunes 11 de mayo y trabajó a contrarreloj el fin de semana emitiendo una serie de acordadas y resoluciones.

La acordada que establece los criterios de excepción para la presencia laboral (quienes forman parte de los grupos de riesgo) va acompañada de una resolución de Recursos Humanos que viene a legalizar el vacío del DNU nacional respecto de los trabajadores que conviven con personas que conforman los grupos de riesgo quienes deberán presentarse en sus puestos de trabajo.

Además, la Corte aprendió del intendente de Guaymallén y aparece la famosa “voluntariedad” en el artículo 6 de la resolución para quienes forman parte de los grupos de riesgo, quienes podrán trabajar siempre que cuenten con certificado médico habilitante. Esto es una presión sobre la voluntad de muchos que hacen una diferencia en su sueldo con actividades suplementarias judiciales, como los notificadores por ejemplo. Apelar a la voluntad fue una constante de división entre los judiciales que también se aplicó por los administradores de juzgados bajo la feria judicial.

El cuadro de precariedad y hacinamiento de los edificios públicos es popularmente conocido. Entre las medidas de protección establecen distanciamiento de dos metros, imposible de cumplir en muchas áreas.

La higiene de los edificios ya era inexistente antes de la pandemia por el recorte en presupuesto y congelamiento de la planta de ordenanzas por parte del gobierno y la Corte. Los cortes de agua en el Palacio de Justicia y rebalse de cloacas eran una constante que más de una vez provocaron asueto. Los mismos compañeros garantizaban de su bolsillo la compra de detergente, etc. El primer día debutó con falencias graves en las dependencias más olvidadas. Es un combo explosivo para la propagación del virus.

El mismo domingo en que se levantó la feria judicial se difundía el récord de contagios en el país y el propio ministro de Salud de la nación anunciaba que el pico de la pandemia se sentirá en junio.

Todo el esfuerzo de dos meses de cuarentena se irá por la borda con la medida del gobierno de Suárez de habilitar la administración estatal al 100% con criterios epidemiológicos geográficos y al 60% la capacidad de pasajeros en el transporte público que implica todos los asientos ocupados y hasta 10 pasajeros parados. ¿Cómo se cumplen así los 2 metros de distanciamiento social que luego vigilarán en los lugares de trabajo?

Los judiciales, y demás estatales, vuelven a sus puestos de trabajo aún con los anuncios del gobierno de que cobraremos en cuotas los salarios y con una furibunda campaña mediática en contra de los privilegios de tener “estabilidad laboral” cuando son derechos conquistados.

La cuarentena con salarios y protección de los trabajadores, con un sistema de transporte basado en las necesidades sociales y no las ganancias empresariales podría mitigar un virus para el cual aún no hay vacuna.

Sigamos el ejemplo de les precarizades de la salud que con la acción directa, autoconvocada en asambleas con distanciamiento social ante la postración de los gremios, impusieron su propia planificación de la rutina de trabajo, la provisión de elementos de higiene y protección por parte de la patronal y el pago de salarios adeudados.

Basta de seguir pagando la crisis a costa de nuestra salud.