La crisis política en Mendoza comienza a ganar ritmo.

 

La Policía, que sigue ejecutando a jóvenes y golpeando a detenidos mientras reclama más presupuesto, presenta un nivel de descomposición intolerable para la propia burguesía.

 

Se comienzan a delimitar dos líneas: el gobernador Cobos prefiere mantener las cosas como están y defiende públicamente lo actuado, con declaraciones a favor de la “mano dura” y de la “familia policial”.

 

Por otra parte, se está conformando un frente patronal que plantea meter el bisturí. En esta línea están los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales “K” que organizaron un acto contra el gatillo fácil. El acto se organizó de espaldas a los familiares de los chicos asesinados y de las organizaciones de lucha, y con la prohibición de “banderas políticas”. Pero la denuncia de cada uno de los hechos de abuso policial no mencionó nunca al responsable político, el gobernador de la provincia.

 

La excepción fue la mamá de Sebastián Bordón, el joven bonaerense asesinado por la policía en San Rafael, en su viaje de egresados, que dijo claramente ante las 300 personas allí reunidas que el responsable tiene nombre y apellido: Julio Cobos.

 

El régimen cobista desprecia la vida de la población trabajadora. Obligó a la empresa Ecogas a abandonar el trabajo de revisión técnica de las instalaciones de gas en las escuelas, que están tan deterioradas que en la mayoría de los casos se procedía a la suspensión del suministro hasta que se arreglaran las tuberías. El gobierno no ha invertido un peso en el arreglo aunque disponía de 6 millones para hacerlo. La rebelión de los alumnos por la falta de gas en pleno invierno, con decenas de piquetes, tomas y movilizaciones, aceleró las reparaciones en las escuelas con el suministro cortado. El gobierno hizo paralizar las revisiones para evitar que nuevos cortes aviven la rebelión estudiantil, mientras las escuelas son bombas de tiempo que pueden estallar (literalmente) en cualquier momento.

 

Ni el ministro de Seguridad ni la ministra de Educación fueron removidos.

 

Mientras en las barriadas, escuelas y lugares de trabajo se vive un infierno, la provincia del aliado radical de Kirchner es un festín para los empresarios negreros. Para ellos, cuando el “mercado” no ayuda, ayuda el Estado con subsidios (transporte), exenciones impositivas (petroleras), y la compra de productos por su parte para mantener precios convenientes (mosto), aunque esto implique el fin del tan mentado superávit fiscal. Esto explica que la oposición patronal pida renuncias de funcionarios de segunda línea, pero resguarde a Cobos. Para rematar, la Legislatura acaba de aprobar el aumento de la tarifa de luz, que afectará a casi la mitad de los usuarios.

 

La rebelión de los estatales amenaza con reavivarse. A pesar de que la burocracia de la CTA logró desmontar por monedas las luchas docentes y de hospitales, con el cobro del “aumento” las colas en los cajeros automáticos son un hervidero.

 

Por la vida y las libertades democráticas, hay que tirar abajo al régimen de “Kobos”.