Hace pocos días fue publicado el informe del Indec sobre pobreza, del segundo semestre del año 2021. En este informe se revela el ascenso creciente de la pobreza y el impacto de la crisis económica a la que son arrastradas las familias trabajadoras de la provincia.

Según el instituto, Mendoza contaba al finalizar el año con un índice de pobreza del 44,6%, eso promediando los seis meses de análisis, números que son la referencia de una situación insostenible y que tuvo reflejo en el acampe piquetero que sacudió el país y que se realizó durante dos días en la provincia. Se suma, además, un 7,2% en el índice de indigencia y se continúa con las infancias y adolescencias hasta 15 años que se encuentran en un 51,4% debajo de la línea de pobreza.

Estos datos, aún con el “crecimiento de la actividad económica”, no contemplan los valores inflacionarios del 4,2% enero, 4,6% febrero y especulaciones de números superiores al 5% para el mes de marzo, en la provincia de Mendoza.

Así la situación en la provincia se coloca ampliamente superior al promedio nacional que es de un 37,3% y de un 42,3% en el Gran Buenos Aires.

Estos números revelan no solo el estado general de la crisis sino la política económica que desarrolla el gobernador Rodolfo Suárez, quien continuó la orientación de su antecesor Alfredo Cornejo. El acampe piquetero de la semana pasada demuestra no solo la envergadura de la crisis sino la imposibilidad de ocultar el estado actual de las clases desposeídas de la provincia. Con una gran campaña de agitación y organización los piqueteros tomaron las calles y reclamaron una salida que ni Suárez ni Fernández quieren ni pueden dar.

Sin lugar a dudas Mendoza es escenario de políticas que tenderán a profundizarse con el ajuste del FMI, en un campo de pruebas de la precarización laboral y de las paritarias de hambre. Es también la foto de una Mendoza que fracasó en su programa económico, que se caracterizó por una fuerte política de reducción del gasto fiscal, reducción presupuestaria, paritarias de ajuste y cesiones y subsidios a los capitales. Aún con esta política, que no pasó sin conflictos, el gobierno de Suárez no puede hacer bandera de una recuperación que no existió.

La miseria social no solo se encuentra en los salarios que se encuentran debajo de la línea de pobreza sino también en la falta de vivienda, de acceso a la salud y la educación, en las condiciones de precarización violenta que afectan a todos los sectores de trabajadores ocupados y desocupados.

Es necesario anteponer una salida superadora de las políticas de hambre que el gobierno nacional y provincial descargan sobre el pueblo de la mano del FMI, poniendo en pie una verdadera política de reactivación industrial en función de la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías, garantizando alimentos y fuentes de trabajo. Es decir una política opuesta al cierre de fábricas, a la especulación y los lock out, desarrollando un programa de viviendas para toda la población mendocina, que no signifique un ingreso mediado por la especulación inmobiliaria sino que garantice de la mano de trabajadores locales garantizar vivienda para las decenas de miles de familias que no tienen vivienda digna. Es necesaria una salida de los trabajadores.

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