Se puede afirmar que absoluta certeza que no fue la privatización de Entel o de Aerolíneas, o la incorporación de un Bunge y Born al gabinete, lo que motivó a la familia Alsogaray a ingresar, ella también, al gobierno “popular”. En la propuesta de pacto político que el jefe de la Ucedé hiciera con anterioridad a las elecciones, el punto fundamental del planteo era la “reivindicación de la guerra contra la subversión”. Si el “chancho” entró al chiquero, ello quiere decir que entre la basura acumulada sabía que iba a encontrar la liberación de los militares responsables de las muertes, desapariciones y torturas de las que fueron víctimas decenas de miles de argentinos.

De Neustadt se puede decir lo mismo. La indignante perorata de elogios que vuelca sobre el triunfador del 14 de mayo, omite siempre curiosamente la mención del tema militar. Para el “gran comunicador” es obvio que el tema está resuelto y que no conviene menearlo. La “solución” de la cuestión militar ha sido para los Alsogaray y Neustadt el pilar de todo lo demás —”privatizaciones”, “desregulaciones” y yerbas de cuño similar. Indultos, amnistías, olvidos estarán a la orden del día a partir del 8 de julio.

En esta empresa se está fatigando Julio Oyhanarte, un hombre a quien se ha encumbrado como el sabelotodo de la ciencia jurídica. En 1962 logró que un individuo que no gozaba de las condiciones personales elementales para el cargo fuera nombrado nada menos que presidente de la República, para lo cual embarcó en la maniobra a la Corte Suprema. Logró así un poder ejecutivo que funcionaba sin parlamento y que se parecía por sobre todo al “punching-ball” con el que practican los boxeadores los golpes rápidos. Recientemente, el jurista descubrió que un presidente que ha renunciado podía ponerle la banda presidencial al que fuera elegido el 14 de mayo; que este último podía gobernar por un período diferente al del parlamento elegido en la misma ocasión; y que el Congreso que está en funciones podía darse un régimen de acuerdos previos que vulnera todos los procedimientos parlamentarios. Ahora, el flamante Secretario de Justicia ha descubierto que se puede indultar a personas que están bajo proceso, algo que viene a las mil maravillas para aplicarlo a los generales Galtieri, Menendez, Rivera, etc., y hasta a Suárez Masón. ¿Podrá alguien anticiparnos que dirán los “izquierdosos” del Frejupo o funcionarios democráticos flamantes como Salas, Solanas, Eliaschev, Norma Aleandro — protagonistas o personajes de ficción del “juicio y castigo a los culpables”—cuando les llegue la “buena nueva”?

Menem no puede ver presos “ni a los pájaros”, lo cual quiere decir que van a transitar por Buenos Aires varios “pájaros sueltos”. Es lo que piensa que debe hacerse, exactamente, el Vaticano, de donde ha desembarcado hace pocas horas monseñor Quarracino para reclamar la amnistía. Lo mismo debe pensar entonces el nuncio apostólico, el mismo que hace un año peregrinó hasta La Roja para pregonar la reconciliación del matrimonio Menem-Yoma.

El indulto, la amnistía o cualquier otro procedimiento que se elija habrá de servir para fortalecer las posiciones del “generalato”, con lo que los “carapintadas” habrán logrado exactamente lo contrario de lo que pretendían con su “reivindicación” del ejército. Luder ha dicho que se propone poner al descubierto la amnistía encubierta que ha existido hasta el momento, pero esto beneficia exclusivamente a los altos mandos.

A partir del indulto o la amnistía, el próximo gobierno comenzará a maniobrar para dividir el frente “carapintada”, una certeza que se desprende del alineamiento que ha declarado con el Pentágono norteamericano. Cavallo acaba de declararle a “Clarín” que con los yanquis todo, sin los yanquis nada, y hasta el propio Menem ha decidido emprender el camino de Canossa, que ahora queda en Washington, para entrevistarse con Bush, con el singular argumento de que la mano con el Norte viene “muy dura”.

Si el gobierno “liberal y popular” decide declarar igualmente una amnistía interna en el ejército, esto ante la evidencia del peso que los “carapintadas” tienen en la “cadena de mandos”, ello no significa que las fuerzas armadas vayan a ser dominadas por el llamado “ejército nacional”. Por medio de la “junta de calificaciones” y de la “cooptación” política de algunos “carapintadas” al gobierno, éste procederá a explotar a fondo las contradicciones insalvables del grupo Seineldín. Algunos generales retirados que simpatizan con este último trabajan ya como funcionarios de empresa de los “capitanes de la industria”, un extremo que revela la completa falta de independencia del “ejército nacional” respecto a la burguesía nacional.

Se plantea entonces la lucha contra la amnistía de los genocidas bajo proceso, una cuestión democrática que se enlaza con la lucha contra toda la tendencia del gobierno Menem a proceder con mano fuerte, estado de sitio incluido, contra la protesta popular. Pero esta lucha debe estar íntimamente ligada a la lucha de conjunto a la que inevitablemente deberá recurrir el pueblo ante el recrudecimiento de la ofensiva y saqueo capitalistas. Por sobre todo las cosas debe estar ligada a una estrategia política independiente de la burguesía, de su Estado y de sus partidos.