En los últimos días ha quedado claro que el único problema que impedía la aprobación de la ‘reforma laboral’ por parte de las patronales, estaba vinculado a la liquidación de la indemnización por despido. Este es el tema que terminó de arreglar Erman González con el FMI, para lo cual contó con la total aprobación de la burocracia de la CGT, a la cual sólo le importa que se mantenga la jurisdicción de los aparatos sindicales para negociar los convenios colectivos. Desde mucho antes de esto, los voceros económicos de la Alianza habían exigido que la liquidación de la indemnización por despido fuera el punto central de la ‘reforma’. No hace falta explicar la importancia del asunto: una vez que los ‘contratos basura’ pasan de excepción a convertirse en regla de la legislación laboral, es necesario derogar la norma vigente que establece la indemnización contra los despidos injustificados. Algo más aún: es necesario que la liquidación de la indemnización por despido alcance también a los trabajadores que se rigen por la ley de contrato de trabajo y que, por ese motivo, tienen “adquirido” el “derecho” a una indemnización. La función de acabar con la indemnización por despido es liquidar con la última traba que obstaculiza los despidos masivos o de cualquier tipo.

El proyecto que ya tiene media sanción legislativa, en el Senado, reduce la indemnización por despido en un 70% para los trabajadores con hasta dos años de antigüedad. La mínima que es hoy de dos sueldos se reduce a dos jornales y medio por mes de antigüedad. Un trabajador con seis meses de antigüedad que cobraría hoy dos sueldos si es despedido, pasaría a cobrar 15 jornales (dos jornales y medio por seis meses), o sea medio sueldo.

Pero Erman González le prometió al FMI un nuevo proyecto de ley que sustituirá todo el sistema indemnizatorio y el seguro por desempleo actuales, por un fondo de desempleo que se formará con el aporte de los propios trabajadores. A partir de entonces el trabajador podrá retirar ese medio sueldo que establece la ‘reforma laboral’, pero de su propia plata, no de la patronal.

Como se trata de un fondo, sin embargo, el proyecto de ley deberá fijarle un administrador y reglamentar la forma en cómo se lo podrá invertir. De esta manera se convertirá al salario en una nueva fuente financiera para el capital, al estilo de las AFJP. Por eso la idea entusiasma tanto a los bancos. Claro que por administrar el fondo, el trabajador deberá pagar una comisión. Una vez completado el proyecto, los patrones, además de no pagar indemnizaciones, tendrán una nueva fuente de beneficios. Los futuros contratos laborales serán para los trabajadores más ‘basura’ que nunca, pues podrán ser despedidos sin costo para la patronal, pero por otro lado serán contratos de ‘lujo’, por los lucros que le ofrecerán a los explotadores.

También existe ya una idea de cómo involucrar a los trabajadores que tienen un derecho adquirido a la indemnización por despido. Hay versiones de que el proyecto en danza dispondrá un ‘corte’ en su situación desde la vigencia de la nueva ley; de aquí en más deberán aportar al fondo y no tendrán derecho a una indemnización.

El ataque a la indemnización por despido es un ataque al derecho al trabajo y forma parte de una ofensiva de despidos, por un lado, y de una mayor ofensiva flexibilizadora que usará como látigo la amenaza de un despido sin indemnización, por el otro.

Por lo tanto, quieren sacarnos la indemnización por despido para despedirnos y para flexibilizarnos aún más.

No a la eliminación de la indemnización por despido; abajo la ‘reforma laboral’.

Duhalde, Menem, la Alianza y la CGT se han puesto de acuerdo con el FMI para liquidar la indemnización por despido y confiscar de nuevo nuestro salario para otro fondo que van a manejar los capitalistas.

El Congreso está unánimemente de acuerdo en esta política.

Hay que forzar al gobierno a retirar el proyecto de ley laboral del Congreso.

Esto lo podremos lograr mediante una lucha de conjunto, y gracias a ella misma y a los resultados de una victoria, aplastar toda la ofensiva patronal, recuperando los derechos a un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, por una jornada de ocho horas de trabajo y reclamando que se prohiban los despidos y se ponga fin a la desocupación mediante el reparto de las horas de trabajo disponibles.

Para impulsar esta lucha, las organizaciones y direcciones sindicales que dicen oponerse a la ‘reforma laboral’, deben romper con los capitalistas, es decir con la Alianza y con Duhalde, y largar un plan de lucha con vistas a la huelga general indefinida.

Huelga general hasta que se retire la ‘reforma laboral’ del Congreso.