Las cuentas son muy claras: el gobierno y los “pactistas” de Olivos se encuentran muy lejos de la mayoría ciudadana necesaria para reformar la Constitución. La suma de votos radicales y justicialistas (los únicos partidos favorables a la posibilidad de la reelección inmediata del presidente y a otorgarle rango constitucional a los decretos de necesidad y urgencia) apenas llega al 42% del padrón electoral. El principal interesado en la reforma, el menemismo, sólo obtuvo el 28% de los empadronados y apenas un 37% de los votos válidos. La mayoría de convencionales que reúnen los partidos del Pacto es, por lo tanto, ficticia y antidemocrática. Estos números hacen caer el argumento utilizado por Alfonsín para facilitar la pretensión reeleccionista de Menem, acerca de que éste tenía un respaldo plebiscitario que podía llevarlo a “avasallar las instituciones”. Los resultados electorales han destruido, entonces, las últimas razones que quedaban en pie para la firma del Pacto de Olivos.

Pero aquí no hay sólo un problema de números sino, por sobre todo, de realidad política. La deserción en masa que ha sufrido la UCR priva a su dirección nacional y a sus convencionales del mandato democrático de la base de este partido, para seguir adelante con el Pacto. La posición del afonsinismo no debe ser evaluada por los votos que obtuvo el domingo sino por los votos que dejó de obtener por haber firmado el Pacto, con el agravante de que los que votaron a favor lo hicieron, en un gran porcentaje, para salvar al Partido amenazado por el Pacto y no para apoyar este Pacto que lo puede condenar a la disolución.

La conclusión que se desprende de esta situación es que la convocatoria de la Asamblea Constituyente debe ser anulada. Si esta conclusión no se impuso de inmediato al día siguiente de los comicios, esto se debe a que los partidos “antirreeleccionistas” y “antipactistas” parecen haber decidido salir al rescate de la Asamblea de Menem y de Alfonsín. El abandono en masa de la Constituyente, por parte de los partidos de la oposición, sean éstos de “derecha” o de “izquierda”, dejaría completamente desnudos al menemismo y al alfonsinismo, y, en el caso de este último, lo delataría como el cómplice del “avasallamiento institucional” que decía pretender evitar.

El Partido Obrero plantea concretamente la siguiente consigna: “El Pacto no tiene mandato —que se disuelva la Constituyente reaccionaria”.

Las elecciones del domingo pasado, sin embargo, van aún más lejos en la impugnación del Pacto, cuando le dan al justicialismo un porcentaje de votos incompatible con cualquier pretensión reeleccionista: 37% de los votos emitidos y 28% del padrón. El reclamo de la reelección aparece, en consecuencia, más alejado que nunca del electorado y más cerca que nunca del puñado de pulpos privatizadores que necesita la reelección de la camarilla menemista para encubrir el fraude de las privatizaciones.

¿Pero qué significa este rechazo a la reelección sino que la ciudadanía le ha dicho un “basta” a este gobierno anti-nacional y anti-obrero? Todo el torneo “dialéctico” que se ha producido al día siguiente de las elecciones, acerca de la “interpretación” del voto opositor, ha apuntado a desviar la atención de la opinión pública sobre el “voto de desconfianza” recibido por el gobierno. Concretamente, el gobierno no tiene mandato para imponer la “ley laboral”; no tiene mandato para reforzar la “austeridad” sobre las masas; no tiene mandato para actuar de ladero del imperialismo yanqui en todos los terrenos. Pero si la ciudadanía le ha quitado este mandato, también se lo ha quitado al llamado “plan” Cavallo, que es el pilar de todo el régimen actual.

Los “triunfadores” del domingo no comparten esta caracterización. Para ellos el electorado habría votado contra el Pacto, pero no contra la reelección. No se entiende de otra manera que el Chacho Alvarez esté reclamando, no la anulación de la convocatoria de la Constituyente, sino “abrir el paquete” (sic) establecido en el Pacto, para discutirlo punto por punto. Pero esto es simplemente lo que quiere el menemismo, que sin el “paquete” podría hacer pasar la reelección y el gobierno por decreto (para ello le bastaría comprar algunos convencionales) y evitar la aprobación de la segunda vuelta electoral (establecida en el Pacto) para el caso de que ningún candidato reúna el 45% de los votos como mínimo. Menem lograría, Chacho Alvarez mediante, sacar adelante la posibilidad de una reelección que no requiera más que el 28% del padrón electoral.

El Episcopado también ha decidido reclamar que se “abra el paquete”, con la mira puesta en la posibilidad de introducir la reforma clerical de la Constitución. El Frente Grande y la Iglesia siguen marchando hombro con hombro.

En síntesis, la Constituyente reaccionaria, repudiada por el electorado, está siendo rescatada por la oposición victoriosa del domingo último, incluso ofreciendo mejores alternativas a la reelección de Menem.

Sólo se puede escapar a esta traición inminente a la voluntad popular, abandonando la Constituyente reaccionaria, reclamando la anulación de su convocatoria y luchando por su disolución.