Al igual que muchos intendentes bonaerenses, Gustavo Menéndez de Merlo no se quedó atrás y presentó el día 6 de diciembre un pedido de licencia para sortear el artículo 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades modificado en 2016 en la Legislatura de la provincia en un acuerdo del massismo y el gobierno de Cambiemos, que limita a dos períodos consecutivos el mandato. Ahora, frente a la aplicación de la ley por primera vez hacia 2023, los jefes comunales tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio están elucubrando toda clase de artilugios para derogarla y poder ser con las reelegidos; y en ese marco se multiplican los pedidos de licencia para interrumpir sus mandatos y quedar así habilitados de cara a la próxima elección.

Menéndez se va para volver en 2023, sin haber resuelto los problemas de los trabajadores y las trabajadoras del distrito. Según una medición del Índice de Progreso Social, el 65% de los habitantes no tiene cloacas, el 54% no tiene gas natural y el 52% no tiene agua. La crisis habitacional en Merlo es acuciante: 20.165 familias viven en asentamientos A esto se le suma un sistema de Salud vaciado, donde la pandemia vino a profundizar la falta de insumos, de profesionales y de turnos en las dependencias municipales.

Quien quedaría a cargo de la intendencia, es ni más ni menos que la hermana de Gustavo, Karina Menéndez, actual secretaria de Desarrollo Social, reafirmando el manejo de camarillas del municipio. Todo queda en familia, para evitar que otros armen una base propia y disputen la conducción del municipio más adelante.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda rechazamos esta maniobra política que busca garantizar la continuidad de un régimen de ajuste contra los trabajadores de Merlo. En nuestro lugar recientemente conquistado en el Concejo Deliberante, y organizándonos en cada barrio, vamos a defender todos los reclamos populares.

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