Mediante la Decisión Administrativa 826/2022, el gobierno recortó las partidas de la Administración Central para lo que queda del año por un total de $128.000 millones, el equivalente al 0,3% del PBI. Una profundización del ajuste en función de arrimarse a la meta fiscal anual del FMI, a contramano de las crecientes necesidades sociales. Por otra parte, los detalles del Presupuesto 2023 que trascendieron están en la misma sintonía.

Se recortó, por un lado, en $70 mil millones el presupuesto designado a financiamiento productivo, echando leña al fuego a la recesión económica que pagaremos los trabajadores con cierres y despidos. Esto, en momentos donde la actividad industrial se encuentra amenazada por la política de suba de tasas que encarece el crédito y por el cepo a las importaciones.

A su vez, mientras crece la crisis habitacional y la falta de acceso a la vivienda para la población trabajadora, el decreto quita $50 mil millones de la partida destinada al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Una determinación que, además, va en contra de la generación de empleo y desarrollo económico que supondría dar lugar a un plan de obra pública y construcción de vivienda popular acorde a las necesidades.

En esa línea, se recortaron $20 mil millones que estaban presupuestados para obras en recursos hídricos, cuando en Argentina 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable y el 39,9% de esa población está compuesta por niños y niñas menores de 11 años. Para colmo, ya se anunciaron subas en la boleta de Aysa que provee de agua de red al Gran Buenos Aires.

A su turno, el dinero asignado para la Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo se redujo en $10 mil millones, asestándole un nuevo golpe a la ya desmantelada flota naval de bandera.

Las tijeras también se hicieron sentir en el presupuesto de educación que se redujo en $50 mil millones. Particularmente en el Conectar Igualdad, la poda fue de $30 mil millones. Como vemos, el gobierno que no garantizó la conectividad de miles de estudiantes durante la pandemia, obturando sus trayectorias educativas, sigue profundizando la brecha tecnológica que existe entre lxs jóvenes de distintos niveles socioeconómicos. A pesar de la vuelta a clases presenciales, contar con Wi-Fi y una computadora sigue siendo fundamental para poder estudiar. También se ajustará en infraestructura escolar: -$15.000 millones el programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes y -$5.000 millones el de Infraestructura y Equipamiento.

El corolario es el recorte de $10 mil millones en el área de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles perteneciente al Ministerio de Salud. Aquí se puede ver la hipocresía del Frente de Todos, que vota en el Congreso a favor de la nueva ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e Infecciones de Trasmisión Sexual y paso seguido desfinancia los tratamientos para esas enfermedades.

Como contrapartida, se aumentó en $82 mil millones el crédito presupuestado para la Tesorería General, en concepto de Asistencia en Servicios Económicos; entre otras cosas, para pago de vencimientos de deuda. A todas luces, la hipoteca del Tesoro se ha vuelto tan insostenible que afrontar los vencimientos de esos bonos implica reforzar el ajuste sobre el gasto público.

Por otro lado, el Presupuesto 2023 que está elaborando Massa persigue el objetivo de que el déficit fiscal del año que viene no supere el 1,9% del PBI, tal como requiere el Fondo. Según trascendió, los salarios del sector público y las transferencias a las provincias serán las principales variables de ajuste para alcanzar esa meta.

Un sendero de austeridad fiscal que no hará más que deteriorar las condiciones de vida de la población trabajadora. Por eso es fundamental tirar abajo el pacto con el FMI, repudiar la deuda usuraria y dirigir el ahorro nacional a resolver las necesidades populares.