En la madrugada del 11 de febrero, el gobierno porteño clausuró el Mercado de las Pulgas, mientras buena parte de los puesteros resistía desde adentro.

 

A pesar de que los ampara un recurso legal, el gobierno de Ibarra-Telerman volvió a intimidar a los casi 200 puesteros que viven de la compra, venta y restauración de muebles y objetos antiguos, a los que ya había amenazado de desalojo en la madrugada del 25/1. Los funcionarios municipales esgrimen la figura de “desalojo administrativo” por peligro de derrumbe, la misma figura legal que utilizó en su momento para desalojar el Padelai. Sin embargo, el propio juez de la causa señala que los problemas de seguridad “podrían y deberían solucionarse sin necesidad del desalojo”. Al mismo tiempo, el gobierno se niega a suscribir un compromiso por escrito con los artesanos, que les garantice sus puestos una vez que el mercado sea refaccionado. Con razón, los puesteros temen que el traslado “transitorio” sea la excusa para un desalojo definitivo.

 

Resistir y organizarse

 

Al momento de escribir esta nota, los puesteros se mantienen firmes ocupando el lugar, a pesar de estar literalmente cercados por vallas, chapas y fajas de clausura. Les han cortado la luz, no pueden trabajar y estan intimidados permanentemente por carros policiales y decenas de uniformados. Los trabajadores acuerdan con la necesidad de mejoras que garanticen su seguridad y la de los visitantes del Mercado, pero se niegan tajantemente a perder su fuente de trabajo por los negocios del gobierno y sus socios.

 

El Partido Obrero, junto a otras organizaciones y vecinos del barrio, se hizo presente para apoyar este reclamo. Estamos organizando un acto conjunto que reúna a los puesteros, sus familias, vecinos y organizaciones sociales y políticas que defendemos a los trabajadores frente al avasallamiento del gobierno de la Ciudad.

 

• No al desalojo. Inmediata restitución del servicio de energía eléctrica y levantamiento de la clausura. Responsabilizamos al Gobierno de la Ciudad por los daños humanos y materiales que pudiesen ocurrir en la presente situación.

 

• No a los negociados inmobiliarios en tierras públicas.

 

• Compromiso por escrito de la vuelta inmediata y sin condiciones al predio una vez remodelado.

 

• Control, por parte de los trabajadores y organizaciones del barrio, de las obras de refacción por 6 millones de pesos que el gobierno pretende invertir, así como del canon a cobrar por el uso de los puestos.