En el marco de los intentos por reestructurar la deuda externa con los bonistas, el gobierno de Alberto Fernández había también solicitado una renegociación de los pagos con el Club de París -el pool de los Estados prestamistas más poderosos del mundo.

En este cuadro, y en medio de la presión de los popes del capital financiero por arrancar mayores concesiones a la oferta -que consideraron de todas formas “mejor a lo esperado”-, el gobierno resolvió no pagar aún el vencimiento de principios de mayo por 2.100 millones de dólares con el Club. Además de una extensión de los plazos de los vencimientos, Martín Guzmán informó en abril que pretendían una reducción de las tasas de interés, a las que calificó como usurarias, ya que alcanzan nada menos que un 9%.

La respuesta del Club de París desairó las esperanzas de alcanzar rápido un acuerdo, que sirviera para lubricar la negociación con los BlackRock y compañía. Según afirma Alejandro Bercovich, que habría tenido acceso al documento enviado por el organismo, este sentencia que “los miembros consideran que una decisión sobre su pedido y su impacto sobre el esfuerzo argentino para restablecer la sustentabilidad de la deuda estaría mejor basada en el contexto de un programa con el FMI” (BAE Negocios, 8/5).

La cuestión tiene un peso político mayor a su magnitud financiera. Recordemos que a poco de asumir el propio presidente se embarcó en una gira europea (previa visita al gobierno sionista de Benjamin Netanyahu) que tuvo como eje recolectar apoyos entre los gobiernos imperialistas, como los de Emmanuel Macron y Angela Merkel, en la búsqueda de un acuerdo para rescatar la impagable deuda externa. La mira estaba puesta en los votos de estos países en el directorio del FMI y el Club de París, además de mostrar cierto respaldo político ante los grandes fondos de inversión.

El reclamo para que el gobierno argentino enmarque la reestructuración de la deuda en un programa con el Fondo Monetario coincide con el principal aspecto que exigen los bonistas, que es una mayor cotización de salida de los nuevos bonos tras el canje, algo que depende de las garantías de repago. Ahora más que nunca, por la parálisis de Vaca Muerta en medio del colapso del mercado petrolero y por la caída del comercio de granos, las condiciones de pago solo pueden lograrse a fuerza de un ajuste brutal del gasto público. Es eso lo que unos y otros pretenden que sea monitoreado por los expertos en el tema: el FMI.

Como pocas veces, se puede ver nítidamente el carácter de la deuda como un mecanismo de dominación política al servicio del capital imperialista. Se trata de un endeudamiento ilegítimo, que fue contraído casi en su totalidad por la dictadura y los gobiernos de Menem y De la Rúa, cuyas tasas usurarias provienen de la renegociación pactada por Axel Kicillof con el Club de París en 2014. En aquel momento, el gobierno de Cristina Kirchner ensayaba su “vuelta a los mercados”, tratando de rescatar las deudas defaulteadas con los fondos buitre (que no habían ingresado a los canjes de 2005 y 2010) y sellando un acuerdo secreto leonino con la petrolera yanqui Chevron para entregarle Vaca Muerta. Hoy, de nuevo, se busca hacer de este rescate una fuente de nuevos condicionantes al “plan económico” de Alberto Fernández.

Para colmo, después de aquel documento técnico de su auditoría sobre las cuentas del país, el FMI no emitió ningún tratamiento institucional de la deuda argentina con el organismo por 44.000 millones de dólares, que como afirmó Guzmán no implicaría quitas sino solo un alargamiento de los plazos. Aún después de tanta “buena fe”, el default sigue siendo una posibilidad certera. El gobierno puso al país en la palma de la mano del capital financiero internacional. El único apoyo que tiene garantizado para este rescate es el de la oposición patronal y la burocracia sindical -que acaba de entregar los salarios de los trabajadores.

Ninguna salida a la crisis sanitaria y social vendrá de la mano de este nuevo pacto buitre. Los trabajadores debemos repudiar el pago de esta deuda usuraria e ilegítima.