Más de 2.000 familias ocupan, desde el miércoles 21, las casas de un plan habitacional y sus terrenos linderos en la localidad de Libertad.

Se pone en el tapete el enorme déficit habitacional en el distrito, que es una constante nacional: la década ganada deja al 50% de los trabajadores con salarios menores a 6.000 pesos e imposibilitados de acceder a la casa propia. El Plan Procrear convierte el derecho a la vivienda en una lotería por demás insuficiente.

 

Las 340 viviendas ocupadas no están terminadas y forman parte de un plan habitacional nacional que se inició hace cinco años (!) y que desde diciembre está paralizado. La ocupación de los terrenos ociosos linderos evidencia que el plan no guarda ninguna relación con las necesidades habitacionales reales. La demora es totalmente injustificada tratándose de un derecho tan esencial.

 

Las familias que ocupan el predio comenzaron a organizarse, están elaborando un censo y plantean la voluntad de pagar el terreno en función de sus posibilidades. Asimismo, solicitan que el municipio garantice los servicios esenciales como el tendido eléctrico, red de agua potable, recolección de basura, etc.

 

Menéndez dice que la toma es una maniobra de Othacehé que busca “borrar evidencia de una sobrecertificación de las obras (…) que no existieron, lo cual constituiría un desfalco millonario” (Infocielo, 22/10). Es llamativo que el intendente electo del oficialismo denuncie desfalcos cuando desde su banca en el Concejo Deliberante le votó todos los balances y presupuestos a Othacehé. Menéndez es cómplice de ese desfalco, así como de todos los negociados con los terrenos fiscales que Othacehé montó durante años.

 

Es claro que Menéndez y Othacehé se disputan esas viviendas como prebendas clientelares. Ambos juegan con las necesidades de la gente para alimentar sus respectivos aparatos.

 

El portal Infocielo señala que fue una “usurpación generalizada con quema o destrucción de muchas unidades funcionales”. No es cierto, pero le sirve para justificar la denuncia hecha por Menéndez ante la fiscalía de Morón. Apunta a reprimir y desalojar a los centenares de familias a quienes se les ha usurpado el derecho a una vivienda digna.

 

Desde el Partido Obrero planteamos:

 

1) asamblea de vecinos y elección de delegados independientes de los punteros políticos;

 

2) censo de las familias ocupantes y reconocimiento de su parcela en función de su ocupación efectiva. Ningún negociado con las tierras;

 

3) plan integral de urbanización con técnicos a cargo del municipio para integrar el nuevo barrio a la comunidad;

 

4) basta de negociados con la tierra. Que se abran los balances municipales, que Othacehé rinda cuentas públicamente por lo actuado;

 

5) plan de construcción de viviendas populares acorde a las necesidades habitacionales de las familias trabajadoras de Merlo;

 

6) que el Estado municipal y provincial garanticen el acceso a la vivienda de las familias que estaban incluidas en el plan y que son rehenes de un problema generado por el propio Estado.