El gobierno de Mestre enviará a la Legislatura un proyecto de reestructuración de la policía provincial, que la convierte en un cuerpo represivo sin límites. La reforma permite a la policía realizar allanamientos sin orden previa de la Justicia y deja en manos de ésta toda la etapa de instrucción que ahora realiza un juez.

La medida es presentada como una forma de acelerar los trámites judiciales. El juez podrá dictar sentencia sin el proceso de investigación. La palabra de los acusados irá contra la palabra de la policía.

El proyecto apunta al fortalecimiento del poder represivo en un momento en que la política gubernamental provoca la beligerancia popular; es una consecuencia y un complemento de la Ley de Emergencia. Además, se busca sacar a la policía del banquillo de los acusados, ya que los juicios contra el personal policial han crecido geométricamente como consecuencia del “gatillo fácil”, de las violaciones permanentes al código de procedimientos, de las arbitrariedades y abusos policiales. Mestre le da el trazo grueso a la reforma que Angeloz hizo del Código de Faltas (que introducía, entre otras barbaridades, la figura del “merodeo”, por la cual toda persona es sospechosa por el solo hecho de permanecer sin motivo “valedero” en un lugar).

Mestre es un gobernador de “facto”, que asumió ilegal e ilegítimamente, y gobierna como tal.

boración desembozada de la burocracia sindical. El Banco está quebrado, la mitad de su activo (700 millones) está compuesto por deudas inmobiliarias que le transfirió la Provincia y por la deuda que ésta tiene con el Banco. El gobierno pretende que esta suma, más los deudores incobrables, sean pagados por la población explotada de Córdoba. Esta operación no tolera una resistencia obrera.

Impedir el desafuero, quebrar la ley

La permanencia del gobierno de Mestre depende enteramente de su capacidad para imponer a los trabajadores las exigencias de la banca mundial (a través de Menem-Cavallo) y de las cámaras patronales. Por eso, cada paso que da se convierte en una batalla decisiva. Es en este sentido que la situación del Banco y el desafuero de la Junta Gremial se han convertido en una cuestión de Estado. El gobierno pretende  aplicar una “segunda Ley de Emergencia”, que esta vez avance en el despido de más de 30.000 trabajadores. Bertaina, un economista radical, sostuvo que luego de la reducción horaria y salarial viene el proceso de “afinación”, ya que “si la administración sigue funcionando en este cuadro habrá quedado demostrado que sobran empleados en el Estado provincial”.

La consigna es: solidaridad con los trabajadores del Banco Provincia, ocupemos el Banco contra el desafuero, los despidos o la privatización, paro activo provincial.