Los bancos oficiales de la provincia han sido facultados para renegociar, efectuar quitas, aceptar bienes como parte de pago o vender al mejor postor, las llamadas carteras irregulares que corresponden a los créditos morosos e incobrables de ambas instituciones. De este modo, en base a una ley aprobada en junio pero reglamentada ahora, el Estado cordobés transferirá por chirolas sus títulos de deuda sobre los empresarios y terratenientes que fundieron la banca oficial en la última década y que fueron la columna vertebral del régimen angelocista.

El principal beneficio de la ley es la posibilidad de efectuar suculentas quitas sobre los importes actualizados de los pasivos. En el caso de los créditos nominados como categoría 4 (alto riesgo, en la calificación del Banco Central), la poda puede alcanzar hasta el 50% de la deuda recalculada, mientras que en los préstamos en situación 5 (irrecuperables), la quita puede ascender del 60 al 70%.

De este modo, el gobierno abre la posibilidad de que empresas testaferras de los grupos morosos adquieran la deuda por la tercera parte de su valor y que éstas u otras se apoderen, por monedas, de activos o títulos que formalmente corresponden al Estado.

Los saqueadores, varios de ellos miembros de la Fundación Mediterránea o socios del ‘clan’ Angeloz, no sólo han sido ‘indultados’ por sus robos sino ‘premiados’ con la absolución de sus deudas al Estado. En el mismo momento, Juan Bautista Mestre declara, por enésima vez, que “los trabajadores no pueden volver a sus salarios del 95”.