Metrogas: precarización laboral y vista gorda del Estado detrás de la explosión en Escalada
Treinta heridos, familias evacuadas, viviendas destruidas, los vecinos exigen responsabilidades patronales y políticas.
La explosión de gas en Remedios de Escalada, que dejó un muerto y 30 heridos, siete de ellos graves, puso al desnudo el régimen de tercerización y precarización laboral de Metrogas y la falta de controles del Estado. Mientras la empresa intenta eludir responsabilidades y el municipio busca despegarse, los vecinos se movilizan para exigir justicia y garantías de seguridad.
El viernes 13, una tuneladora de Exgadet, contratista de Metrogas, rompió un caño de distribución en Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. La pérdida comenzó alrededor de las 9:44 y la explosión se produjo más de una hora después, desatando un incendio que destruyó comercios, viviendas y vehículos en pleno centro comercial.
La persona fallecida todavía no pudo ser identificada oficialmente. Mientras se aguardan las pericias de ADN, continúa la búsqueda de Marcelo García, un operario de Metrogas de 47 años desaparecido desde el siniestro. La posibilidad de que el muerto fuera un trabajador de la empresa agrava aún más un cuadro de responsabilidades patronales que ya resulta inocultable.
Tercerización, precarización y negocios patronales
La Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJGas) denunció que había advertido reiteradamente sobre las irregularidades de Exgadet y otras contratistas, sin respuesta de las concesionarias ni del Estado. Vecinos de la zona también denunciaron que los operarios no contaban con planos ni con indumentaria de seguridad adecuada para trabajar sobre la red.
La tercerización de tareas permite a las distribuidoras abaratar costos a expensas de trabajadores sometidos a peores condiciones laborales, con capacitación insuficiente y protocolos fragmentados. La patronal de Metrogas es responsable de las condiciones en que se ejecutan las obras, y no puede esconderse detrás de una firma subcontratista utilizada para sacar una mayor tajada de los negocios con el Estado.
El gobierno de Milei, que habilita tarifazos y el endeudamiento eterno de Metrogas con la estatal Enarsa, no impone controles ni garantías de inversión y seguridad a la concesionaria. La misma política que privilegia la renta de los operadores privados deja a los trabajadores y usuarios expuestos a consecuencias dramáticas.
En agosto, YPF aceptó vender su participación mayoritaria en Metrogas a Edenor, vinculada a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Se negocia el control de un servicio público como un gran negocio privado, mientras sus trabajadores y usuarios pagan las consecuencias de la precarización.
El municipio también debe responder
La Municipalidad de Lanús anunció que será querellante por la falta de activación del protocolo de emergencia de Metrogas. Pero el intendente Julián Álvarez tampoco puede desentenderse de su responsabilidad: transcurrió más de una hora desde la rotura del caño hasta el estallido, sin una evacuación preventiva oficial. El municipio debe explicar qué fiscalización ejercía sobre las obras y por qué no se actuó antes.
La directora de la escuela Charles Chaplin denunció que debieron evacuar a los chicos por su cuenta, sin asistencia oficial, y que ahora nadie le garantiza por escrito condiciones seguras para retomar las clases. El fin de semana los vecinos denunciaron nuevas pérdidas de gas, dos de ellas en los alrededores del centro del distrito. Incluso, este mismo lunes 16, volvieron a registrarse pérdidas de gas en plena Estación Lanús, donde circulan miles de personas.
Las movilizaciones de los vecinos, que este lunes marcharon hasta Metrogas, ponen de manifiesto que la población no está dispuesta a aceptar que se eludan las responsabilidades patronales y políticas. Hay que esclarecer todos los hechos, garantizar el resarcimiento integral de los damnificados y poner las obras y los protocolos de seguridad bajo control de sus trabajadores y los vecinos. Esto implica partir de la apertura de los libros de las empresas, bajo control de los trabajadores, para determinar cómo y en qué se utilizan los recursos y las responsabilidades patronales. Los gobiernos, a su vez, deben intervenir para que Metrogas se haga cargo de las responsabilidades materiales del hecho e indemnice de inmediato a los damnificados. Fuera las privatizadas de los servicios. Abajo los tarifazos.


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