El estado del subte porteño es calamitoso. El mismo se encuentra bajo la órbita del gobierno de la Ciudad, pero su gerenciamiento, tercerizado, está a cargo de Metrovías; del Grupo Roggio. Esto se mantiene intacto desde hace ya 27 años, siendo prorrogado en sucesivas ocasiones luego de un decreto privatista del gobierno peronista de Menem hace casi tres décadas. El macrismo, que gobierna la Ciudad desde 2007, prometió una extensión de 10 kilómetros por año de la red subterránea, pero mantiene paralizada toda obra desde junio de 2019; cuando se inauguró la extensión de la Línea E hasta Retiro.

De hecho, no existe ninguna previsión de inicio de obras, ni siquiera el proyecto de realización de la Línea F, que está aprobada por ley desde el año 2001. En una ciudad de tres millones de habitantes, más un millón y medio que entran por día desde el conurbano bonaerense, el macrismo nada hizo por descongestionar un medio de transporte masivo cuyas problemáticas se muestran cada vez más visibles.

Todo ganancia, ningún riesgo

Una serie de artículos del medio oficialista Página/12 retrata estas cuestiones, aunque como no podía ser de otra manera, soslaya de toda responsabilidad a los gobiernos peronistas. Otra fuerte denuncia consiste en el aumento de los subsidios a la gerenciadora, sumado al aumento desmedido del valor del pasaje. El Grupo Roggio recibirá este año 12 mil millones de pesos en subsidios, tras recibir otros 28 mil millones en los últimos cinco años. El pasaje, sin embargo, aumentó tres veces entre noviembre de 2020 ($19) y marzo de 2021 ($30), totalizando un 57%.

Son aumentos “basados en costos” cuestionados por la Auditoría General de la Ciudad, también por las audiencias públicas y, obviamente, nunca debidamente aclarados. La conclusión es que la concesión del subte es una estafa. Un gasto parasitario y prescindible sobre un servicio elemental como el transporte público, en beneficio de un grupo empresarial corrupto, involucrado en la “Causa de los Cuadernos” por retornar al gobierno kirchnerista un 5% de los subsidios que recibía del Estado. Grupo empresarial corrupto que también figura en los “Pandora Papers” por evasión fiscal mediante cuentas offshore. Si a esto se suma a que el gobierno de Larreta acaba de conceder a los Roggio un nuevo contrato para operar el subte por otros doce años, se ve con claridad una alianza mafiosa entre capitalistas a costa del erario público y el bolsillo de la población.

El asbesto mata

Pero no termina allí la cosa. Estos ladrones de guante blanco, con la complicidad del macrismo, importaron material rodante obsoleto (técnicamente “chatarra”) contaminado con asbesto. Un mineral causante de enfermedades pulmonares de las que se han registrado 55 casos con lesiones irreversibles y la muerte de tres trabajadores por cáncer de pulmón del mismo origen. Esto con apenas el relevamiento médico de una parte de los trabajadores, aunque se presumen muchos casos más. La desabestización de la totalidad del subte y el reemplazo de los trenes contaminados es una acción de salud pública, reclamada por los trabajadores, que tanto la empresa como el gobierno de Larreta se niegan a asumir. El retiro de algunas formaciones y de piezas contaminadas de algunos talleres fue el producto exclusivo de la lucha de los metrodelegados contra la resistencia permanente de la patronal.

En una presentación del nuevo contrato, Metrovías (ahora renombrada Emova Movilidad S.A.) “destinará 150 millones de dólares para mejorar la sustentabilidad ambiental del sistema, reducir el consumo de energía y la contaminación”. La misma sarasa de los últimos 27 años: reformas cosméticas. Sobre un plan de desabestización general de instalaciones y renovación de la flota, nada. Solo con una gran campaña con acciones crecientes de la AGTSyP, que abarquen al conjunto de líneas y sectores, podrá quebrarse la resistencia patronal; que ni siquiera acusa recibo del amparo judicial interpuesto por el sindicato.

¿Y por casa?

Lo que Página/12 no dice es que desde la prohibición absoluta por ley del uso de asbesto en toda actividad, en enero del 2003, hasta el traspaso del subte a la Ciudad, pasaron 10 años de administración kirchnerista que hizo la vista gorda sobre la conocida contaminación por asbesto. O que los gobiernos de Néstor y Cristina no se hicieron cargo de la obsolescencia del material rodante y las instalaciones, con décadas de vencimiento de su vida útil y sin el mantenimiento adecuado, dando como resultado un servicio de calidad deplorable y alta siniestralidad. Tampoco a la hora de la denuncia del negociado con los subsidios se alude a los retornos mencionados de una parte de ellos hacia los gobierno K, delito por el que Roggio se ha autoincriminado.

Que gerencien los trabajadores

Un servicio degradado, que absorbe parasitariamente recursos públicos en beneficio de empresas privadas, es propio de una concordancia de grupos capitalistas de la “patria contratista” a ambos lados de la grieta. Renovar la concesión al grupo Roggio (el zorro cuidando del gallinero) es la confesión de esas complicidades. Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad planteamos en nuestro programa el cese del gerenciamiento privado, la investigación pública de este desfalco y su resarcimiento con la incautación de bienes de los responsables. Y, claro, el traspaso de la gestión del subte –operación, planificación y desarrollo– a manos de sus trabajadores. Los legisladores del FIT-U han presentado proyectos en la Legislatura de la Ciudad con ese contenido, y los militantes trabajadores del subte nucleados en La Naranja luchan sistemáticamente contra cada una de las injurias de esta política privatista.

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