30/04/2020 | 1591

Mienten: el pacto CGT-UIA-gobierno es al 60% del salario

Por abajo, se extiende un reguero de luchas

Se ha caído el operativo maquillaje a la política del Presidente. Hasta ahora, su decreto establecía (establece) el pago integral del salario al trabajador en cuarentena o licenciado por ser de riesgo. Ahora, el pacto firmado por su gobierno con la UIA y la CGT habilita una fuerte rebaja salarial para abril y mayo, que todo hace pensar será renovable, según se renueve la cuarentena. Por la burocracia sindical firmaron Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Antonio Caló y Carlos Acuña. El primero, del enorme gremio de la sanidad, firma esto en lugar de estar defendiendo los reclamos de sus trabajadores, que se extienden como reguero de pólvora en los centros de salud. El segundo es estatal, señal de alarma para los millones de trabajadores que revistan en el Estado.


Han puesto como condición que no haya despidos en esas empresas, pero ya sabemos el nivel de incumplimiento que tiene esto.


La rebaja, presentada como del 25%, es mucho mayor. Porque el acuerdo habilita el pago del 75% “del salario neto”. Esto quiere decir que la rebaja se aplica después de descuentos, por lo que lo pactado resulta en un 60% del salario de convenio.


Tras la firma del pacto, se empezaron a suceder los acuerdos de grandes gremios en esa línea. Comercio firmó exactamente en ese importe. Gastronómicos va firmando por ramas en el mismo porcentaje al igual que la Uocra. La UOM firmó por el 70%, pero con la particularidad de que incluye en la rebaja a las embarazadas, enfermos y mayores de 60 licenciados, violando a la baja el decreto inicial de la cuarentena.


Igualmente, el último acuerdo antisalarial firmado antes de este pacto vergonzoso es todavía peor: la burocracia textil arregló sumas no remunerativas de 17.000 a 20.000 pesos por todo concepto. Las obreras de Textilana en Mar del Plata ganaron la calle ante la delegación marplatense del ministerio y en Trelew se produjo una manifestación de masas a partir de los cuerpos de delegados textiles, contra lo firmado por el sindicato (ver páginas centrales).


El movimiento obrero argentino está siendo empujado a dejar de cobrar un salario para cobrar un “ingreso de emergencia”. Es para los trabajadores con cuarentena, pero en la mayoría de las industrias que han arrancado se producen rotaciones de turnos reducidos, con lo cual todos sufren rebajas. Por otro lado, las patronales con anuencia de la burocracia, producen “según pedidos” y “multifuncionalizan” tareas, el paraíso de la reforma laboral aprovechando el coronavirus.


Pero el ataque al salario es más vasto.


Si miramos el Observatorio de los trabajadores en PrensaObrera.com, veremos que son decenas las empresas que directamente interrumpen el pago. En Ramón Chozas, antigua empresa gráfica, que está trabajando ilegalmente bajo amenaza de despido porque sus tareas no son esenciales, la patronal anunció que a fin de mes no pagará los salarios. Como en todos los casos, con la vista gorda de las autoridades del ministerio y la complicidad de la Federación Gráfica, a nivel delegados y a nivel Comisión Directiva (miembro activo de la Corriente Federal kirchnerista). En estas páginas hemos denunciado que los obreros petroleros en la Patagonia son suspendidos masivamente hasta con el 20/30% del salario real de bolsillo que venían cobrando.


En otros casos se operan las rebajas con o sin acuerdo sindical de hasta el 70% del salario. Pero hay que aclarar que los acuerdos son todos homologados de inmediato. Como en la época de Cavallo, se están bajando los salarios nominales, cuando el decreto presidencial inicial de la cuarentena estableció que se pagaran los salarios “integralmente”. Se borra con el codo literalmente lo que se escribe con la mano, bajo fuego de la presión patronal. Techint, que ganó el primer round, gana ya por puntos la pelea. Sus rebajas salariales se aplican a todos, además de la homologación de sus despidos. En sus plantas siderúrgicas, se trabaja “just in time” con la excusa de la pandemia, convocando a trabajar según necesidades.


Pero las rebajas son más profundas. Las cláusulas gatillo previamente establecidas en los acuerdos paritarios previos a la pandemia han sido anuladas (provincia de Neuquén, docentes universitarios, etc.) y reemplazadas según arbitrio del poder. Tampoco son respetadas las cláusulas de revisión previstas para estos meses: las reuniones con sindicatos son para rebajar salarios con motivo del aislamiento social preventivo obligatorio, no para actualizar salarios.


Como se observa, hasta nuevo aviso se acabaron las paritarias. Pero si la emergencia sanitaria justifica que no haya paritarias, sin embargo, no se ha detenido la inflación, aún en medio de una caída económica sin precedentes. Marzo arrojó el 3,3% general y el 3,9% de aumento en alimentos. Esto significa que se rebajan los salarios y se suspenden las paritarias, mientras continúa una inflación al ritmo del 40/50% anual. A la rebaja nominal se adiciona la rebaja del poder adquisitivo de esos importes nominales.


Con todo, la rebaja no termina en estos rubros. Es aún mayor porque se ha eliminado virtualmente la parte diferida del salario -o sea, los aportes jubilatorios a la Anses. Como hemos explicado tantas veces, la jubilación no es una “pensión estatal”, sino un salario que debe pagar la patronal y que en lugar de ir al bolsillo del trabajador va a la Anses, para que ese trabajador y todos los trabajadores del país cobren la jubilación al fin de la vida activa. Pues bien, de ese salario diferido se descuenta el 95%, según los decretos presidenciales, de manera que la Anses, en este dramático momento de los adultos mayores, está siendo vaciada. Por este motivo y por otro más: los subsidios dispuestos para sostener la mitad del salario por parte del Estado provendrán de los fondos de la Anses.


La clase obrera empieza a intervenir por abajo


Conocen la explosividad de esta situación. Por eso emitieron días atrás el decreto que dispone que el Estado asume el pago de la mitad de la nómina de los salarios efectivamente cobrados en febrero. Pero tampoco se cumple.


Sobre 450.000 empresas anotadas, habilitaron la viabilidad del subsidio a 180.000 y hasta 800 trabajadores. Ocurre que piden que la facturación nominal haya caído respecto de la que la empresa solicitante tuvo hace doce meses, con un 50% de inflación de por medio.


Entonces, las empresas no califican, porque además facturaron hasta el 20 de marzo. Ergo, no pagan, rebajan o despiden.


Indudablemente, el ministro Martín Guzmán y Fernández pisan la pelota para contener el déficit fiscal imparable, debido a la caída de la recaudación y el parate económico. Pero han seguido emitiendo para pagar la deuda, y tampoco han nacionalizado la banca ni los depósitos bancarios para que sean dispuestos para afrontar la emergencia. Mucho menos han abierto los libros y cuentas de las empresas para examinar sus verdaderas cuentas y tenencias societarias y personales para evaluar la capacidad de pago a sus trabajadores.


Todo el poder personal que ha acumulado Fernández, sin Congreso ni Justicia funcionando, con toda la burocracia sindical arrodillada y la oposición capitalista desmoronada y disciplinada, no existe a la hora de garantizar salarios y puestos de trabajo. Sus decretos son palabras que no se cumplen. Y, como se aprecia, pueden ser desconocidos por un nuevo decreto. No rige más la integralidad de los salarios en la cuarentena.


El gobierno de Kicillof no mueve un dedo para reabrir la planta de la patronal superexplotadora ante la gran lucha de los obreros del frigorífico Penta. Solo reprimieron brutalmente primero y enviaron la Gendarmería después para impedir el paso de los compañeros en el Puente Pueyrredón. Se vio también presta a la Policía de la Ciudad para llevar presos a los delegados del subte, cuando denunciaron condiciones de contagio en sus trenes. Y en Neuquén desplegaron la Gendarmería contra los mineros de Andacollo, solo que en este caso los mineros transpusieron los retenes y llegaron donde se proponían con su reclamo, mostrando que cada vez más sectores salen a la lucha. 


Varios frigoríficos están en lucha, hay un paro de médicos en Santa Fe y los compañeros de BedTime ocupan la planta ante el no pago y la amenaza de despidos. Lo mismo en los centros de salud con asambleas y comisiones de reclamo desde la base de sus gremios.


La burocracia sindical no tiene mandato para entregar el salario y los puestos de trabajo. Lo peor está por venir. Los trabajadores tenemos que tomar nuestra defensa en manos propias. Ningún despido, salario integral, control obrero de esencialidad de las actividades durante la cuarentena, apertura de los libros al control de los trabajadores, respeto irrestricto de los protocolos sanitarios, actualización de salarios y jubilaciones según inflación. Que la crisis la paguen los capitalistas. No pago de la deuda, impuesto a las grandes rentas y fortunas.

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