Durante 1986, los salarios de convenio cayeron un 27,8 % (y esto en uno de los gremios “privilegiados”, la UOM). De enero a junio del ’87, la inflación superará el 35 %, que es la estimación más conservadora de la carestía en el período. Por la pérdida del ’86 los trabajadores no recibieron un centavo, por la pérdida del primer semestre del ’87 sólo un 16 %.

Ahora se pretende “reponer” esta brutal confiscación del salario de convenio, que es el que percibe la inmensa mayoría de la clase obrera, con un “reajuste» del 6 % que se cobrará en julio y con dos “vales” a cuenta de los medios aguinaldos de junio y diciembre. Cuando los sobres de agosto canten su verdad, allí sin la engañifa de los adelantos, el trabajador tendrá en la mano un salario cuyo poder adquisitivo será el 60 % del salario de un año y medio atrás.

Dos varas, dos medidas. Para los trabajadores, una expropiación salarial que no se detiene aquí, (se prevé que de julio en adelante los salarios se ajustarán mensualmente según un índice de precios “combinado”, que estará bien por detrás de la evolución del costo de vida). Para los capitalistas, descongelamiento de precios, tarifazo y encima préstamos a tasas de interés “reguladas” (inferiores a la inflación) para hacer frente al pago de los adelantos de aguinaldo y del misérrimo seis por ciento.

Pacto Social

El “paquete” salarial era el eslabón faltante de la cadena contra el movimiento obrero que aquí y en cualquier lugar del mundo se llama “pacto social”. Se ha pactado una ley de paritarias que faculta al Estado a condicionar la “vigencia de la convención colectiva a la situación económica general”, lo que entraña la fijación de “techos” que establecerá la clase capitalista y su gobierno. Se ha pactado la ley sindical, por la cual las comisiones internas son convertidas en títeres de la burocracia sindical y que permite a ésta reelegir-se indefinidamente en los sindicatos. ¿Quiénes han pactado? El gobierno, la burocracia, la “oposición” justicialista, las cámaras patronales, los mismos que firmaron el acta de “garantías democráticas” de capitulación ante los militares sublevados y el punto de partida de la Ley Rico de amnistía a los genocidas. Los que defienden el orden social capitalista, cuya supervivencia depende de la completa esclavización de los trabajadores.

Semejante entongue estatal-burocrático no es casual. Tampoco el apresuramiento en cerrar la crisis militar (“Peor que un golpe de estado es la anarquía en las FF.AA.” ha dicho Casella). Todo este andamiaje está en relación directa a la ofensiva antiobrera en marcha, que para los capitalistas debe conducir a la liberación de precios, tarifas y dólar. En el lenguaje de los trabajadores, un “rodrigazo” en regla.

(Como en el 75, se quiere «encarcelar” primero el salario para luego «liberar” la carestía y los beneficios, reclamo generalizado de los patrones y la mayoría de los burócratas).

¿Está todo atado?

A nadie se le puede escapar, sin embargo, que la negociación sobre el salario, sobre el “punto final” al Pacto Social, transita por el filo de la navaja. El pago a cuenta del aguinaldo entró en crisis al momento de pactarse («nos quieren arreglar con vales”, fue el comentario unánime en las fábricas). Una expresión de esta crisis en las filas de la burocracia fue la declaración de Roberto Digón (empleados del tabaco, renovador) de que “hay que rechazar los adelantos y convocar a asambleas en todos los sindicatos” (Clarín), propuesta que, lógicamente, no salló del comunicado a los diarios. Fue por esto que surgió como fórmula de compromiso el 6% en junio y la extensión a los estatales. Alderete, sin embargo, para seguir encubriendo este ruinoso pacto “antisalarial” sigue diciendo que tratará de que no se descuente los ₳ 50 anticipados.

El problema de fondo es, sin embargo, que ni la entrada de Alderete al gobierno ni el “pacto social” han servido para poner un fin a la lucha obrera. Al revés, hay todo un reanimamiento de estas luchas, que coincide irónicamente con el nombramiento de Alderete. Incluso el intento de terminar con estos combates mediante la utilización de la crisis militar, tampoco ha servido. El movimiento huelguístico por abajo no cesa de crecer y gana en beligerancia. Astilleros Río Santiago acaba de culminar una ocupación de cuatro días con un triunfo. Se dio un importante retome de las luchas en los hospitales públicos. Está la huelga de Energía Atómica. Está también el paro del cordón – Industrial de Córdoba en la reciente huelga fracasada de la regional. Está la tremenda huelga estatal en Chubut; la movilización de varios ingenios en Tucumán. Se han reabierto las luchas docentes en el interior. Los obreros de la Uocra Neuquén han vuelto a ganar las calles. Las elecciones de delegados muestran un persistente avance de jóvenes dirigentes enfrentados a la burocracia. Como se puede ver, a este paquete el hi-lo le queda corto.

Perspectivas y programa

¿Qué va a pasar, entonces, de aquí en más?

A pesar de la alianza alfonsino-justicialista, el gobierno sigue careciendo de los medios para imponer su política a fondo, la crisis militar no le sirvió para convertirse en gobierno “fuerte”; al contrario, quedó expuesta su debilidad ante los sediciosos y ante el pueblo. A través de las leyes de amnistía, el gobierno procura una alianza sólida con la camarilla militar que sea capaz de darle los medios de una política “dura». Lo mismo ocurre con las leyes laborales, sociales y de salud.

La resistencia al nuevo paquete salarial comenzará a través de las luchas parciales; una reivindicación segura pasará a ser el no descuento de los ₳ 50. Pero la consecuencia de esta resistencia será el acentuamiento del sabotaje económico de la patronal, en la forma de desinversiones, carestía y hasta fuga de capitales. Es por todo esto que los diarios como Ámbito y La Prensa critican el “pacto social” y exigen que el gobierno impulse sin condiciones una abierta ofensiva privatista y antiobrera.

Resumiendo. A un ritmo cuya secuencia es imposible de prever, se prepara el choque entre la resistencia obrera y el rodrigazo patronal. En este choque se anida la perspectiva de la huelga general, una huelga general que tomará de sorpresa a la CGT, y que por lo tanto la burocracia tratará de frenar primero y llevarla al fracaso después.

Para encarar esta situación necesitamos un programa, un método y una dirección.

El programa debe atacar de raíz la ofensiva patronal y esto se resume en la reivindicación general de los ₳ 600 móviles como sueldo y jubilación mínimos y en el reclamo de paritarias libres y comisiones internas autónomas de la burocracia.

El método debe ser el reclamo de la asamblea de fábrica y de la asamblea general del sindicato, para aprobar un plan de lucha.

La dirección debe construirse eligiendo como delegados a los compañeros consecuentes y formando agrupaciones revolucionarias y clasistas en cada lugar de trabajo y en cada sindicato.