El gobierno anunció este lunes 18 la importación de energía eléctrica desde Brasil para paliar los efectos del temporal que este fin de semana afectó el tendido eléctrico y provocó grandes apagones en diversos puntos del país. No obstante, se estima que el servicio en los lugares afectados del Area Metropolitana no se restablecerá sino hasta dentro de 24 horas, y en el caso del interior, 48 y 72 horas. En la capital y el gran Buenos Aires, aún hay 150 mil usuarios afectados.

Más allá de los daños ocasionados por los fuertes vientos, el sistema energético ya venía en franca crisis como resultado de la desinversión empresaria, apañada desde el Estado. Un decreto del Ejecutivo nacional de este fin de semana, que prorroga la emergencia eléctrica, lo reconoce en sus fundamentos: “la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación”.

A su vez, señala que las interrupciones del servicio se han multiplicado tanto en el caso de Edesur como Edenor (las distribuidoras del Amba), atribuyéndolo a “inversiones insuficientes”. La situación, tomada de conjunto, añadiendo otros hechos como la importación decreciente de gas desde Bolivia, plantea riesgos sobre el suministro del servicio, con un sistema que en muchos casos funciona al límite. Vale recordar que la flamante canciller, Diana Mondino, recomendó a principios de diciembre a los industriales comprar generadores, ante la perspectiva de un verano caluroso, con apagones.

Sin embargo, el decreto plantea que la razón de fondo de la desinversión y el deterioro del servicio radica, no en el parasitismo empresario, sino en la “la ausencia de un esquema tarifario” adecuado, con lo cual pone en marcha una revisión tarifaria integral que redundará en nuevos tarifazos, en línea con los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo. Ya en diciembre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández había iniciado el camino de esta “revisión tarifaria” para favorecer a los grandes pulpos energéticos. En esa tónica, los ministros Martín Guzmán y Sergio Massa procedieron a los planes de “segmentación tarifaria”.

Las mismas patronales eléctricas que se benefician con los subsidios son las que después lo hacen con los aumentos tarifarios. Una ruleta en la que siempre ganan. Pero en ninguno de los dos casos, el servicio mejora. El problema es la gestión capitalista de la energía, no el nivel de las tarifas de los consumidores.

Actualmente, el sistema eléctrico funciona en base a una empresa comercializadora (Cammesa) en que se encuentran las empresas generadoras, las transportistas, las distribuidoras, los “grandes usuarios” (grandes empresas) y el Estado. El Tesoro gira fondos a Cammesa para subsidiar a las compañías.

Las empresas distribuidoras, como Edenor y Edesur, adoptaron la costumbre de endeudarse con Cammesa por la energía que compran, como un mecanismo de financiamiento y de presión para obtener el reconocimiento de mayores aumentos. A comienzos de 2023, Massa otorgó una fabulosa concesión de deuda a estas firmas, rebajándola de casi 220 mil millones de pesos a 80 mil millones, pagaderos en 96 cómodas cuotas y tasa en pesos subsidiada.

Para terminar con este régimen de negociados y tarifazos, es necesario proceder a una nacionalización del sistema eléctrico, bajo control de sus trabajadores.

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