Axel Kicillof envió a la Legislatura un proyecto de ley para habilitar un nuevo endeudamiento, apenas un día después de haber postergado hasta el 26 de mayo el pago de un vencimiento de 110 millones de dólares en plena renegociación de la deuda externa provincial. El gobernador pide entablar un “diálogo constructivo” con los bonistas, es decir que anticipa un recule en su oferta de reestructuración de 7.148 millones de dólares tras el rechazo del comité de acreedores, que presionan por un acortamiento de los plazos de repago y un reconocimiento de mayores intereses.

Kicillof busca autorización legislativa para tomar deuda por 500 millones de dólares (cerca de 35.000 millones de pesos al tipo de cambio oficial) con los organismos internacionales de crédito, por 20.000 millones de pesos “pagar atrasos de tesorería” (para cubrir el déficit fiscal) y la posibilidad de emitir Letras del Tesoro por hasta 8.000 millones de pesos. En total, superan todo el presupuesto destinado a Salud el año pasado, y su destino será lubricar un acuerdo de rescate de la deuda –incluida la posibilidad de pagar con ello los 110 millones de dólares ya vencidos, u otros cupones que se desprendan de la renegociación.

De hecho, el proyecto también incluye el otorgamiento de la facultad al Ejecutivo para reasignar partidas en nombre de la emergencia, es decir que profundiza el manejo discrecional del presupuesto –cuando las partidas ya eran ficticias por la prórroga del presupuesto del 2019 después de un 55% de inflación. Esta discrecionalidad apunta a dar garantías adicionales a los acreedores.

El endeudamiento “nacional y popular” viene de la mano de nuevos golpes a los trabajadores, porque delata la insolvencia de la provincia de Buenos Aires y que la pretendida “sustentabilidad” de la deuda es un verso. Kicillof no solo se colocó a merced de los fondos buitre, sino también de la oposición derechista de Cambiemos, cuyos votos necesita para habilitar el nuevo endeudamiento. La Legislatura bonaerense se apresta a sancionar otro pacto buitre, para ofrendar garantías a los especuladores a costa de los trabajadores. Es la política que guió el mandato de María Eugenia Vidal y que derivó en la quiebra actual.

Una muestra de la orientación ajustadora que asumió el gobierno, para congraciarse con los bonistas, es que junto con este proyecto ingresó a la Legislatura otra iniciativa del Frente de Todos para la formación de una Comisión Bicameral para pactar una “reforma” del Instituto de Previsión Social de la provincia (IPS).

Aunque el peronismo lo presente bajo cuestiones puramente “técnicas y de modernización tecnológica”, lo cierto es que Kicillof abre la caja de pandora para iniciar el camino hacia la “armonización” con la Anses –lo que significaría en primer lugar la pérdida de la movilidad jubilatoria para todos los trabajadores del Estado bonaerense y el aumento de la edad de retiro.

Esa Bicameral sería el escenario de otros pactos contra los trabajadores, como la exención que reclaman los intendentes de Cambiemos para dejar de pagar los aportes previsionales de los municipales. Es una presión combinada, a la que se suman los intendentes del PJ que declaran a sus municipios en quiebra para no pagar los salarios. La única garantía a los bonistas es que el peso del ajuste se descarga sobre los trabajadores. No hay que pasar por alto, en este cuadro, que los 6.000 millones de pesos que la Anses acaba de dar como “préstamo” al IPS coinciden a precio oficial con los 110 millones de dólares del vencimiento del bono de deuda.

Kicillof y sus ministros sostienen que su negociación para alcanzar una reestructuración se encuentra en línea con la que Alberto Fernández busca por la deuda nacional. Pero también en ese caso el gobierno viene de ceder ante la presión de los BlackRock. Más aún, en plena pandemia el ministro Martín Guzmán libera fondos para pagar 320 millones de dólares en intereses al FMI. El libreto de la reestructuración lo escribe el capital financiero.

Es más importante que nunca una respuesta de conjunto de los trabajadores bonaerenses, basada en la deliberación, los cuerpos de delegados y asambleas para romper la parálisis de la burocracia de los sindicatos. Para defender la salud, las paritarias y las jubilaciones, hay que luchar contra este rumbo de endeudamiento para dar garantías de repago de una deuda usuraria.

Por una cuarentena bajo control popular, y la conformación de comités obreros de seguridad e higiene en los lugares de trabajo; por salarios que no bajen de la canasta familiar, por un IPS bajo control de los trabajadores para terminar con el vaciamiento; para poner fin a la precarización laboral, los despidos y derrotar el pacto infame de la CGT con la UIA y las cámaras patronales; es necesaria la intervención de la clase obrera.

Al pago de la deuda usurera y fraudulenta, opongamos un plan económico de los trabajadores.