El gobierno nacional sigue extendiendo las presiones sobre los gobernadores y las provincias para hacer pasar la Ley Ómnibus y su paquete de medidas de ajuste. Ahora el Banco Central desbarata el sistema de financiación de las provincias para adelantar fondos para el pago de salarios y los gobernadores empiezan a trasladar el ajuste hacia los trabajadores estatales.

Se trata del sistema por el cual las jurisdicciones provinciales pueden acceder al adelanto de fondos de las entidades financieras respectivas para el pago de los salarios estatales provinciales hasta contar con los fondos necesarios para reponer dichas erogaciones.

Está práctica subsiste desde enero del 2023 y permite a los gobernadores no atrasar los pago salariales hasta tanto la provincia se fondee o ingresen los recursos provenientes de la administración central.

El fin de esta herramienta financiera había sido adelantado por el vocero presidencial Manuel Adorni en medio de las presiones y aprietes del gobierno nacional hacia los gobernadores para asegurar los votos necesarios para la aprobación de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación.

Junto a esta medida también pesa la amenaza de un mayor desfinanciamiento nacional, con recortes de los recursos y giros para las provincias. lo que los gobernadores traducen en un ajuste sobre los trabajadores, con despidos, cese de contratos, paritarias a la baja y demoras en el depósito de los salarios. Incluso con la amenaza de emisión de cuasimonedas como ocurre en La Rioja.

Está situación ya estaría generando algunas dificultades en las provincias de San Luis, San Juan y Santa Fe, mientras que en otras jurisdicciones como Chubut y Jujuy los gobernadores salieron a alertar sobre las consecuencias inmediatas de dicha política.

Esto también estaría impactando en las universidades nacionales. El Banco Nación notificó a varias de las universidades que ya no dispondrán de los adelantos para hacer frente a los salarios del personal docente y no docente. Entre estas se encuentran la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad de Rosario y  la Universidad Nacional de San Luis.

Las presiones presupuestarias del Ejecutivo nacional sobre las provincias parecen ser la constante se una política que busca adherir a los gobernadores a su orientación de ajuste y eliminación del dedo ir fiscal y el gasto público.

Los gobernadores, a su vez, se presentan como colaboradores de esta política, a su manera, buscando negociar los términos del ajuste, sin poner a consideración ningún tipo de medida excepcional sobre los grandes capitalistas que operan en sus provincias. Al igual que Milei, utilizan a los trabajadores como medida de ajuste para cumplir con las metas fiscales de Nación y el FMI.

Todas estas presiones buscan generar las condiciones para “justificar” el respaldo a una ley que es nociva para los trabajadores y que busca agravar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, con la eliminación de derechos y conquistas obreras fundamentales.

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