Javier Milei, que en 2021 había dicho en un estudio televisivo “antes de subir un impuesto, me corto un brazo” -haciendo la pantomima de firmar un “compromiso con los contribuyentes”-, viene faltando a su palabra en función de alcanzar una meta fiscal sumamente ambiciosa. No solo agrava la carga impositiva que recae sobre los trabajadores, sino que, además, sus decisiones en materia tributaria llevan a choques con distintos sectores de la clase capitalista.

En primer lugar, la propuesta de Milei de aplicar un ajuste del gasto público de 15 puntos del PBI es lisa y llanamente inviable, teniendo en cuenta que el gasto público consolidado del 2023 fue equivalente al 38% del PBI, según la consultora LCG. Para lograrlo, el Estado debería dejar de pagar la totalidad de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares (3,3% del PBI), el conjunto de los salarios del sector público (2,6% del PBI), quitar todos los subsidios a la energía y al transporte (2% del PBI), eliminar de un día para otro los programas sociales (2% del PBI) y las transferencias corrientes a las provincias (1,1% del PBI), y, aún así, no cumpliría con el recorte prometido.

Dicho esto, es claro que, además del plan motosierra, el gobierno recurre a la suba de impuestos para intentar alcanzar el mentado “déficit cero” que exige el FMI, contradiciendo todo su discurso de campaña.

Las principales consecuencias las pagamos los trabajadores, quienes dejamos de recibir la devolución del IVA de hasta $18 mil mensuales y volvemos a tributar la totalidad de ese impuesto regresivo. A su vez, la confiscación mediante el IVA se multiplicará con las medidas ultrainflacionarias que viene tomando el gobierno. Sin ir más lejos, la recaudación de dicho impuesto creció un 214% interanual en diciembre, superando la inflación del período. Finalmente, la escalada de precios actúa como un poderoso mecanismo de transferencia de ingresos desde el bolsillo popular hacia el de las patronales y el Estado capitalista.

Ahora bien, puede que los planes de Milei se vean frustrados, dado que las políticas recesivas que promueve atentan contra la recaudación tributaria.

A su turno, debemos mencionar el aumento del 110% del monotributo, que lleva la cuota de la categoría más baja a $12.128,39. Aquí se ven afectados un sinnúmero de trabajadores precarizados, como acompañantes terapéuticos, maestros integradores, empleados de plataformas, estatales, etc., que carecen de aguinaldo, licencias y vacaciones pagas, obra social y ART.

Como si fuera poco, Caputo decidió aumentar 17,5% el Impuesto País, elevando las cotizaciones del dólar ahorro y el dólar tarjeta por encima de los $1.300, lo cual refuerza el cepo cambiario para los trabajadores, quienes vemos restringidas todas las opciones para cubrir nuestros ahorros de la depreciación constante del peso.

Por otra parte, en el afán de incrementar el ingreso fiscal, el gobierno comienza a experimentar choques con distintos sectores capitalistas. Tanto el agro como la industria salieron a criticar el aumento de las retenciones establecido en el proyecto de Ley Ómnibus, las cuales se elevan al 15% para la mayoría de las exportaciones de materias primas y manufacturas.

Además, la UIA expresó su descontento frente a que el proyecto incluye la eliminación del régimen de retenciones 0% a las exportaciones incrementales que beneficiaba a ciertas ramas como la industria automotriz. También protestaron porque, luego del aumento del Impuesto País, el tipo de cambio para importar se volvió más caro que el dólar exportador, restándole competitividad a las exportaciones industriales.

Como vemos, Milei padece el síndrome de la “sábana corta”. Está gobernando un Estado en quiebra -fruto del impenitente saqueo capitalista-, la cual pretende descargar sobre las espaldas del pueblo. Sin embargo, en el camino, alguna fracción de la burguesía se verá afectada inevitablemente.

Estas contradicciones en el seno de la clase capitalista, junto con las crecientes manifestaciones populares contra la política del gobierno, son el telón de fondo de la crisis que existe en el Congreso en torno al tratamiento del DNU y la Ley Ómnibus enviada por el Ejecutivo.

Los trabajadores debemos ampliar nuestra intervención para obtener un resultado favorable a nuestros propios intereses. Eso significa organizarse colectivamente en cada lugar de trabajo para votar un plan de lucha y ganar las calles, sin depositar expectativas en las fuerzas políticas que componen mayoritariamente el Congreso. Masifiquemos la convocatoria a la jornada del 24 de enero y transformémosla en una movilización histórica capaz de tirar abajo los planes antiobreros de Milei.

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