En el marco de la Ley Ómnibus enviada al Congreso de la Nación por el gobierno de Javier Milei se incluye un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) que ofrece beneficios y garantías extraordinarias para los grandes capitalistas, incluso sin que medie ningún beneficio para la población. Un régimen armado a la medida de Techint y las grandes patronales, mientras el gobierno carga con impuestos y aumentos a los trabajadores.

La incorporación del Rigi se encuentra “disimulada” recién en el artículo 641 del proyecto presentado, y detallada luego con decenas de otros artículos en el Anexo II, donde el proyecto se explaya sobre los beneficios y privilegios fiscales, cambiarios, jurídicos, etc., que detentarían los grandes capitalistas.

Según establece el proyecto de ley “se otorgará a los titulares y/u operadores de grandes inversiones en proyectos nuevos o ampliaciones de existentes que adhieran a dicho régimen, los incentivos, la certidumbre, la seguridad jurídica y la protección eficientes de los derechos adquiridos a su amparo”.

Entre los sectores incluidos en este eventual régimen se enumeran Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología, casi todo ellos controlados mayoritariamente por multinacionales y grandes capitalistas, quienes ya suman ganancias de a millones de dólares por la rentabilidad de sus negocios y otros beneficios a los que acceden, acrecentado por la devaluación, la liberación de precios y la eliminación de cupos para exportar.

Entre los múltiples artículos que el proyecto le dedica a este régimen, se mencionan “incentivos” como la disminución del pago al Impuesto a las Ganancias, amortizaciones fiscales a mediano plazo, exenciones fiscales del 100% sobre dividendos y utilidades, exenciones y descuentos en el IVA por gastos en los que incurrieran, deducciones de impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias, etc.

Quienes adhieran a este régimen –de aprobarse- también contarán con exenciones a los derechos de importación y exportación. Así como libertades progresivas respecto a las obligaciones de ingreso y negociación en el mercado de cambios.

La política del gobierno busca darle un “impulso” a la actividad de los grandes capitalistas -quienes ya cuentan con todos los medios necesarios para hacerlo- mientras no desgrava el consumo de los trabajadores (IVA), aumenta el monotributo que recae sobre millones de trabajadores precarizados y prepara nuevos ataques como el de Ganancias para la cuarta categoría. También impulsan desde el Congreso la desgravación de la “doble imposición fiscal” de las empresas radicadas en el exterior, como otro beneficio extraordinario a las patronales multinacionales.

No se trata de un “régimen de incentivos” sino de garantías para que los capitalistas inviertan sus recursos con el compromiso de que podrán llevarse las utilidades y ganancias y disponer de ellas sin tributar y sin impedimentos de ningún orden. Lo que se conjuga con una reforma laboral antiobrera que busca abaratar aún más una mano de obra hundida en la pobreza.

Cuando las papas queman y la crisis económica sigue haciendo lo suyo, Milei impulsa una medida que solo beneficia a las grandes fortunas y capitalistas, para que estos hagan sus negocios. Los discursos acerca de “hacer un esfuerzo” y “aguantar” los tiempos que se vienen son solo para la tribuna y para los trabajadores: a los capitalistas se les ofrece un paquete de oportunidades.

Las grandes fortunas y los grandes capitalistas no deben ser premiados para que hagan sus negocios a costa de los trabajadores, cuando son los responsables de la crisis actual, fugando millones de dólar al exterior y vaciando los recursos nacionales. Con Milei solo ganan Techint, las petroleras y mineras transnacionales y los grandes capitalistas. Enfrentemos esta orientación vaciadora con la organización independiente de los trabajadores y el paro nacional activo.

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