Políticas
15/8/2026
Santa Cruz
Milei, Lázaro Báez y la propiedad privada del terrateniente kirchnerista que protegen los “libertarios”
Los gobiernos capitalistas y la concentración de la tierra.
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La ley que Milei presentó para “defender la propiedad privada” beneficia también a los empresarios del entramado económico del kirchnerismo, que el gobierno dice combatir.
Mientras el Senado de la Nación discutía el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", con miles en la calle exigiendo su rechazo y enfrentando una feroz represión, el universo de trolls libertarios intentó instalar la idea de que denunciar las corruptelas y entuertos que escondía dicha ley, y por lo tanto hacer que esta caiga, era beneficiar a los amigos corruptos del kirchnerismo: como el empresario Lázaro Báez, quien habría adquirido algo más de 400.000 hectáreas en Santa Cruz allá por la "década ganada", cuando obraba de empresario, principalmente con la empresa Austral Construcciones.
Pero hay una contradicción política que el gobierno de Javier Milei difícilmente pueda explicar. El presidente construyó buena parte de su discurso denunciando a la llamada “casta”, al kirchnerismo y a los empresarios vinculados al poder político. Sin embargo, el proyecto original de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsó el gobierno blindaba la propiedad capitalista y ampliaba el mercado para los grandes propietarios, sin distinguir entre propietarios buenos y malos, ni la procedencia de esas propiedades.
El caso de Lázaro Báez permite mostrar con particular claridad esto.
Durante los gobiernos kirchneristas, Báez llegó a controlar un enorme patrimonio rural en Santa Cruz. Distintos relevamientos periodísticos lo ubicaron en el orden de las 400.000 hectáreas, aunque las cifras varían según los bienes documentados y los que quedaron bajo investigación. Parte de ese patrimonio fue posteriormente judicializado, rematado o alcanzado por medidas de decomiso.
El proyecto original eliminaba los límites de la Ley de Tierras que impedían que el capital extranjero concentrara más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También eliminaba el límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero y otras restricciones territoriales estratégicas.
¿Qué significa esto? Que un gran propietario como Báez habría tenido potencialmente un mercado mucho más amplio para vender sus tierras: ya no solamente otros capitalistas nacionales, sino también fondos de inversión, corporaciones y grandes capitales extranjeros.
La ley, por lo tanto, favorece al extranjero que compra y también al terrateniente que vende.
Milei dice combatir los privilegios del viejo régimen político pero su proyecto profundiza la concentración de la tierra. Lo que hace es convertir el territorio en una mercancía todavía más libremente negociable entre grandes capitales.
El problema es de clase. Un terrateniente surgido del entramado económico del kirchnerismo y un fondo de inversión extranjero coinciden en algo fundamental: ambos consideran la tierra como un activo privado destinado a generar ganancias.
La llamada “inviolabilidad” no protege a la clase trabajadora que no puede acceder a una vivienda ni al pequeño productor que enfrenta el avance de la concentración agraria. Protege, en primer lugar, la propiedad de quienes ya poseen enormes patrimonios. Los propios materiales del gobierno y el debate parlamentario muestran que la reforma buscaba modificar simultáneamente las reglas de expropiación, desalojos, tierras rurales y uso del suelo.
Incluso frente a las expropiaciones, el proyecto imponía mayores restricciones al Estado, obligándolo a justificar de manera más estricta la utilidad pública y la proporcionalidad de la medida. Esto no elimina el decomiso penal de bienes derivados de delitos —que pertenece a otro régimen jurídico—, pero sí refuerza las garantías patrimoniales de los grandes propietarios frente a futuras intervenciones estatales.
Por eso sería un error reducir la discusión a si Milei “le quiere devolver las tierras a Báez”. La cuestión es mucho más profunda: una legislación presentada como una ruptura con el kirchnerismo en realidad protege el patrimonio de los empresarios beneficiados por aquel gobierno.
El gobierno de Milei que denuncia a los empresarios ligados a la política impulsa una legislación que amplía las posibilidades de circulación y valorización de esos grandes patrimonios.
La experiencia de Báez demuestra que la propiedad privada tampoco es neutral. Las enormes extensiones de tierra acumuladas durante el kirchnerismo no dejaron de ser un problema porque cambiara el gobierno. Y tampoco se resolverán porque Milei elimine las regulaciones que limitan su venta al capital extranjero.
Ni los terratenientes kirchneristas ni los fondos extranjeros. Ni la concentración capitalista nacional ni la extranjerización del territorio.
La tierra, el agua y los bienes naturales no pueden estar subordinados al negocio de una minoría.
La verdadera discusión no es quién compra la tierra: si Báez, Benetton, un fondo de inversión norteamericano o una multinacional europea.
La discusión es para quién se produce y quién decide sobre la riqueza social.
Frente al proyecto de Milei, la salida no es elegir entre distintas fracciones del capital. Es organizar a los trabajadores, a las comunidades, a los pequeños productores y a todos los sectores populares para enfrentar la concentración de la tierra y poner los recursos nacionales al servicio de las necesidades sociales.
La tierra no se vende, no se entrega y no se quema para beneficio del capital.
