La gran noticia del discurso del presidente en la apertura de las sesiones del Congreso se centró en la propuesta de firmar un “Pacto de Mayo”, que contiene los diez mandatos de la clase capitalista. La sorpresa fue la designación de la ciudad de Córdoba como sede para la suscripción del compromiso, planificada para el próximo 25 de mayo. Con la caída del proyecto de la Ley Ómnibus, Milei había arremetido contra el gobernador de Córdoba, Martin Llaryora, acusándolo de traidor; y también expulso a Osvaldo Giordano de la jefatura del Anses. La propuesta de un pacto en Córdoba fue entendida como un acercamiento al gobierno provincial.

Llaryora respondió que estaba de acuerdo con el pacto, pero aclaró que mayo quedaba lejos, que había que proceder a un acuerdo de inmediato. Rápidamente comenzó a poner condiciones concretas a un posible acuerdo. En primer lugar, aparece la cuestión de las retenciones del 15% a las económicas regionales, que se calcula en 1.750 millones de dólares en la provincia. En Córdoba se impone el capital agrario que no solo reclama la eliminación de las retenciones, sino también una mayor devaluación de la moneda.

Las otras cuestiones hacen al financiamiento que Nación debe enviar a la provincia. La más importante se refiere a la asistencia de Anses a la Caja de Jubilaciones local, que no fue armonizada. Los giros no se actualizan desde hace cuatro años y se encuentran estancados en los 1.070 millones de pesos mensuales que se giraron durante 2023. En 2024, desde el Ministerio de Economía nacional directamente se eliminó cualquier clase de giro a las provincias. Según el propio Giordano, esa suma debería actualizarse para 2024, en unos 10.000 millones de pesos mensuales. La diferencia resulta fenomenal y Llaryora trata de achicarla descargando un recorte jubilatorio vía el diferimiento de los aumentos a los pasivos y el aumento de aportes a los activos. Igualmente esa política resulta precaria y decantará en un mayor robo a los jubilados.

Asimismo, Llaryora pretende que se restituyan los subsidios a las empresas del transporte y el Fondo de Incentivo Docente, que aparecen como reclamos comunes con el resto de los gobernadores. Los subsidios, que representarían una suma actualizada de 40 mil millones anuales para la provincia, tienen una doble función, al ser fuente de negociados de los capitalistas del transporte y abaratar el precio del boleto, también incide en el precio de la fuerza de trabajo. Con el Fonid sucede algo similar, pues Llaryora ha impuesto un enorme recorte salarial a la docencia desconociendo el acuerdo del 2023 y ofreciendo un “no aumento” del 50% de la inflación del mes anterior. La eliminación del Fonid y de los subsidios al transporte exacerban la motosierra de Llaryora.

Las diferencias que llevaron a la ruptura del cogobierno entre el liber-facho y el peronismo cordobés se mantienen intactas, porque tampoco el gobierno nacional pretende ceder a la coparticipación del impuesto país. Incluso se podría decir que esas distancias se acrecientan. Llaryora salió cuestionar la política económica recesiva planteando que hay caída de ventas, locales cerrados, gente sin trabajo, y que había que avanzar en un “plan productivo”. En las últimas horas trascendió que Milei ofrece reponer el impuesto al salario, aduciendo que los propios gobernadores lo solicitaron; sin embargo, Llaryora negó que hubiera hecho tal petición. Así las cosas, se puede empantanar el “Pacto de Mayo”.

Este es un mandato común que sostienen Milei, Llaryora y el conjunto de los políticos capitalistas, pero esa generalidad debe superar profundas contradicciones que se agravan rápidamente y a dos bandas. Por un lado, aparece el choque intercapitalista, donde Milei pretende imponer una agenda al servicio del FMI y el capital financiero, en desmedro del capital sojero y de los negociados provinciales. Por otro costado, se encuentra la presión desde abajo; los contundentes paros de la docencia cordobesa se han acompañado con movilizaciones masivas que cuestionan en primer lugar al ajustazo provincial. El horno no está para bollos.

El pasaje del cogobierno a la traición y de la traición al pacto en tan solo tres meses expresa una profunda crisis y fragmentación en la clase capitalista. Con el Pacto de Mayo, el gobierno nacional pretende ganar tiempo mientras aplica a fondo la motosierra. Su objetivo es derrotar a la clase trabajadora y de esa forma crear bases políticas para imponer su régimen reaccionario. Llaryora no enfrenta los planes de Milei, por el contrario, se avocan a la negociación impulsando una motosierra superior a la del facho. La salida pasa por el lado de los trabajadores, hay que preparar la huelga general para derrotar a Milei y los gobernadores.

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