La escalada criminal en Rosario, con cuatro muertes en los últimos días, sacude a la ciudad y la provincia y deja expuesta una “nueva” (vieja) política de seguridad fracasada por parte del gobierno nacional y del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. En su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente Javier Milei afirmó que con el Operativo Bandera la ciudad se encontraba más segura: las últimas muertes cuestionan el relato presidencial.

El gobierno nacional intenta hacer bandera de la “guerra contra los narcos” con un operativo de reforzamiento represivo que implicó el envío de más de 3.000 efectivos de las fuerzas federales de seguridad a “los barrios calientes de Rosario”: sin embargo, el poder de fuego y de daño de los narcos –amparados por el Estado- parece estar intacto y lejos de ser controlado o disminuido.

En su discurso ante el Congreso de la Nación, Milei señaló que “a través del Operativo Bandera (…) se logró disminuir en estos dos meses casi un 60% el homicidio doloso en la vía pública en las zonas controladas por las fuerzas federales”. Pero la política oficial está aumentando el tendal de víctimas por estas horas.

El gobierno nacional y el gobernador Maximiliano Pullaro insisten con una línea de acción fracasada reproduciendo la orientación represiva de Bukele en El Salvador, lo que tiene el doble propósito de regimentar y cuasimilitarizar la vida en Rosario y sus alrededores.

Milei elogia las virtudes de una política fracasada mientras esconde que su gobierno y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no ha tomado ninguna medida para afectar el corazón del negocio narco alrededor del complejo agroexportador de los puertos privados por donde circula la droga y se materializan los negocios millonarios del cual se beneficia el Estado y el capital financiero.

La reciente conferencia de prensa de la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Pullaro insiste sobre esta línea. La calificación de “narcoterrorismo” busca reforzar el envío de fuerzas represivas y modificar calificaciones penales que luego los gobiernos capitalistas utilizan contra los trabajadores y sus organizaciones, como queda de manifiesto con el protocolo antipiquetes de la ministra.

La elusión del término de narcoEstado busca borrar la huella de la responsabilidad de la extensión y continuidad de los negocios del narco y el crimen organizado, intentando encubrir a los gobiernos cómplices y partícipes de esta dinámica.

Como en esta “guerra” los principales damnificados son los ciudadanos y trabajadores víctimas de las represalias del crimen organizado, el gobierno expone a la población a la muerte a cambio de refrendar una orientación propagandística –requisas en las cárceles, patrullajes en los barrios, etc.- que no hace mella alguna en el negocio del narcotráfico.

Esto denota que el gobierno nacional no tiene ningún interés en avanzar a fondo para desmantelar el narcoEstado que se extiende por la ciudad de Rosario y alrededores, y que sus prioridades están en reforzar el aparato represivo contra la población trabajadora. Un punto fuerte de este narcoEstado es la participación de las fuerzas policiales: gran parte del arsenal y las municiones de los narcotraficantes provienen de la propia policía provincial involucrada en el crimen organizado.

En todo el discurso de Milei ante el Congreso y la población, el narcotráfico es mencionado en una sola oportunidad, mientras que las medidas de “seguridad” adoptadas contra las organizaciones sociales, piqueteras y de izquierdas acumulan siete menciones en diversos párrafos y momentos de su intervención.

Este gobierno inició sus pasos centrando su política de seguridad contra los trabajadores pobres y montando megaoperativos costosos e intimidatorios contra trabajadoras con ollas vacías y cucharones de madera, con un protocolo antipiquetes desbordado más de una vez que es utilizado para asediar a un grupo de jubilados o cientos de vecinos manifestándose en una esquina.

La ministra Patricia Bullrich podría utilizar todos esos recursos para allanar e intervenir los puertos privados de Rosario y atacar las finanzas de los grupos narcos; o desmantelar los lazos del crimen organizado con el Estado y sus funcionarios, particularmente los vínculos estrechos con el personal policial; pero no, la prioridad son los dólares del complejo agroexportador y extender el aparato represivo sobre la población trabajadora.

Milei, que se ufana de ser un “desmantelador del Estado”, no hace más que reforzar el “Estado presente” en Rosario, negándose a liquidar el narcoEstado vigente, lo que importaría afectar los interese y negocios de los grandes capitalistas del agro y el capital financiero. Solo los trabajadores pueden avanzar en esta dirección, con la nacionalización y control obrero de los puertos privados y el desmantelamiento de la narco policía y el narco Estado y la apertura de los libros de las importadoras y exportadoras.

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