Florencia Misrahi, la nueva titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), tiene un oscuro prontuario como gerente de Impuestos de la cerealera Cargill, sobre la cual pesan múltiples denuncias de elusión fiscal. Así las cosas, Javier Milei pone al frente del ente recaudatorio a una especialista en defraudar al fisco, dándole luz verde a las multinacionales para seguir evadiendo.

Como asesora tributaria de Cargill, Misrahi es responsable del esquema de triangulación que implementa la empresa para pagar menos impuestos y fugar divisas del país. Según el informe “Cruzar fronteras para cosechar ganancias”, elaborado por los investigadores del Conicet Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti, Cargill, al igual que otras cerealeras que operan en Argentina, creó una  “empresa cáscara” (sin actividad productiva) en Uruguay con el objetivo de utilizarla como intermediaria para subfacturar exportaciones provenientes del suelo criollo, constituyendo un enorme fraude fiscal. Desde allí, reenvía la mercadería al destinatario final facturando a precio de mercado, aprovechando las exenciones impositivas que rigen en el país charrúa. Debido a esta maniobra, el grupo Cargill posee el 60% de sus ganancias declaradas en Uruguay (U$S 1.815.000.000 en 2020), a pesar de que produce en Argentina. En ese sentido, entre 2017 y 2021, el 67% de la facturación de la firma corresponde a su filiar uruguaya.

Esta operación, denominada “abuso fiscal transfronterizo”, genera en el país pérdidas fiscales de entre U$S 1.200.000.000 y U$S 2.400.000.000 cada año, según las estimaciones de la Global Alliance for Tax Justice y Tax Justice Network. Paradójicamente, la actual directora de la Afip ha colaborado activamente en engrosar dicha cifra. Su designación por parte de Milei instituye una señal a las multinacionales de que podrán seguir evadiendo impunemente. Como vemos, el gobierno pretende lograr el proclamado “déficit cero” aplicando un feroz ajuste sobre las masas, mientras  le da carta blanca al agro para continuar atentando contra el ingreso fiscal.

Misrahi también estuvo detrás de otros ardides protagonizados por Cargill. Sin ir más lejos, en marzo de este año, la Aduana intimó a la agroexportadora por haber reducido la base imponible del cálculo de los derechos de exportación sobre soja importada de Paraguay, eludiendo así el pago de $27 mil millones en concepto de retenciones. A su vez, la abogada trabajó en el estudio del reconocido tributarista César Litvin, quien, mediante artilugios legales, logró que el empresario bodeguero Darío Rosenzvit no tuviera que pagar el aporte a las grandes rentas y fortunas.

A fin de cuentas, los supuestos “abanderados de la transparencia” nombran a quien ha sido ideóloga de grandes estafas al erario público para que esté a cargo de la recaudación tributaria del país, lo que significa, lisa y llanamente, dejar al zorro custodiando el gallinero. Sin dudas, los pulpos agroexportadores, con Misrahi como funcionaria, tendrán acceso a información privilegiada para perfeccionar y perpetuar sus prácticas de saqueo. Un premio a los evasores, artífices de la bancarrota nacional cuya factura recae sobre la población trabajadora. Ganemos las calles para no seguir pagando los costos del festival de la casta empresaria.

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