El derechista Javier Milei, formalmente lanzado como candidato presidencial de cara a 2023, presentó su programa económico durante un acto en Córdoba. Lo definió como “Plan Motosierra”, y está signado por una agenda de privatizaciones, la reforma laboral, jubilatoria e incluso una “reforma bancaria”, que tendría como finalidad “abolir” el Banco Central en el sendero de una dolarización que convierta a la Argentina en una colonia financiera del imperialismo.

Milei dividió su agenda en tres “etapas”, que consagran una política de choque directo contra los trabajadores. En primer lugar avanzaría en la reforma laboral que reclaman los capitalistas, no para crear empleo sino para legalizar el fraude laboral que hoy sufre casi la mitad de los trabajadores del país. Habló de “abrir la economía”, cuando transitamos un cuadro signado por una tendencia mundial a la huelga de inversiones y a la estampida de capitales hacia los países centrales; es decir que solo favorecería la fuga que sufrimos hoy. También promueve una reforma jubilatoria que avance hacia un sistema previsional privatizado de pensiones (eliminando a las jubilaciones como un salario diferido, sistema que en nuestro país terminó con varias AFJP yendo a la quiebra por maniobras especulativas con los fondos de los jubilados). Las enunciaciones de Milei encubren el objetivo de robarse el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses, o sea seguir metiendo mano en la plata de los trabajadores al servicio de rescatar al capital.

Luego prosigue por el fin de las “transferencias discrecionales” de la órbita nacional a las provincias, la privatización absoluta de la obra pública “al estilo chileno”, según definió, la privatización masiva de empresas estatales (con seguridad pasando la “motosierra” sobre el Incucai, para que los pobres “puedan” vender sus órganos) y el punto final a los subsidios energéticos, lo que será compensado por los tarifazos de las privatizadas. Esto último abre un serio interrogante. El esquema subsidiario a los pulpos energéticos no solo “amortiza” una parte de las tarifas en el marco de la distribución concesionada de la electricidad o el gas natural, sino que actúa como subsidio indirecto sobre otros grupos capitalistas. Un tarifazo de gran escala sobre la energía implicaría o bien una quiebra de la industria o un salto descomunal de los precios al consumo, creando las condiciones para que se multipliquen los reclamos salariales.

“Hay que dejar todo en manos del sector privado” dijo, definiendo el espíritu general de su repertorio de gobierno. También buscó atenuar esta batería de ataques diciendo que “no irían contra los jubilados o los empleados públicos, sino contra la casta”. Un encubrimiento de un plan que es diametralmente inverso: escudarse en la “casta” (mientras presenciaba estas palabras en el acto Martín Menem) para atacar a los trabajadores ocupados y desocupados, en actividad o jubilados.

Su propuesta de una “reforma bancaria” que elimine al Banco Central al final del camino es un paso hacia la dolarización de una economía semicolonial, reforzando su carácter de dependencia nacional. El mismo esquema económico que los trabajadores ecuatorianos rechazan con movilizaciones masivas en estos mismos días.

Luego vendría una segunda “oleada” de reformas, signada por el cierre de ministerios, secretarías y carteras. Para Educación y Salud asegura proceder hacia una unificación, el “Ministerio de Acción Social”. Esto tendría por objetivo, claro, avanzar hacia un recorte presupuestario mayúsculo, “unificando” hacia abajo las erogaciones hacia un único destino ministerial, y abonar a una orientación privatista. De hecho, en la denominada “tercera” escala de su agenda haría reformas sobre el sistema educativo, de salud y el de seguridad, confirmando lo anterior. De conjunto, el programa de Milei es un pasaje a un régimen de privatizaciones y de ataques sin precedentes sobre las condiciones de vida de los trabajadores y las mayorías populares. Sus reiteradas reivindicaciones en tal sentido a Menem y Cavallo, o recientemente a Margarite Thatcher por su “mano de hierro” contra los mineros ingleses no son hechos casuales, sino una confesión de parte.

Milei se muestra nuevamente en la vereda de Patricia Bullrich y todo el sector de la derecha que promueve una política de shock para avanzar en el plan de guerra contra los trabajadores que reclaman los capitalistas. Pero su aventura privatista excusada en el carácter opresivo del Estado está direccionada con determinación hacia machacar el considerado “gasto social”, cuando el verdadero gasto usurario estatal es el que está al servicio de rescatar al capital. La “salida” que propone a la crisis no solo es profundamente reaccionaria y antiobrera, sino también inviable.