Las postulaciones del presidente Javier Milei para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –actuales y próximas- llamaron la atención por lo controvertido de, al menos, uno de los dos propuestos con el discurso “anticasta” del oficialismo: el juez federal Ariel Oscar Lijo, con 20 años de profesión en los sombríos pasillos de Comodoro Py, es casi una ofrenda a la impunidad, el lobby y las “maniobras judiciales”. Mientras que la candidatura de Manuel García-Mansilla implica un reforzamiento clerical con un hombre del Opus Dei, antiderechos y lobista empresarial con especialización en la industria hidrocarburífera.

Los pliegos presentados por Milei responden a la cobertura del cargo vacante por la salida de la cortesana Elena Highton de Nolasco en 2021, para el cual se propone a Lijo, y el reemplazo del cortesano Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá la edad límite de 75 años para el cargo.

El proceso de designación de ministros de la Corte requiere de la postulación de candidatos por parte del Ejecutivo nacional y la aprobación de los mismos por al menos dos tercios del Senado.

Algunos sectores adjudican la premura del gobierno a intentos por destrabar la acumulación de expedientes judiciales en la Corte con impugnaciones al mega DNU presidencial y/o a contar con una Corte que acompañe o no obstaculice el plan motosierra de Milei.

Un hombre de Lorenzetti y de Comodoro Py

La propuesta de Ariel Lijo, actual juez federal N° 4 de los tribunales de Comodoro Py es la que más está dando que hablar por estas horas: Lijo es vinculado a diversas causas del poder político, donde por lo general prima la impunidad, y a los operadores políticos y económicos de Comodoro PY, entre los cuales se desenvuelve su hermano Alfredo Lijo.

En los comienzos de su carrera se lo identifica como uno de los obstructores de la investigación del atentado en la Amia –acusado de colaborar con la prueba ofrecida por el imputado Carlos Telleldín-, causa en la que más adelante intervendría a cargo de la “investigación de las irregularidades” en el proceso precedente. Lijo también tuvo un rol resonante en la detención del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, luego de hacer la plancha durante un largo tiempo y a instancia de las presiones y su reacomodamiento bajo el macrismo.

Por su despacho pasaron innumerables causas de interés del poder político e incluso de los propios cortesanos, como es el caso de parte de la investigación por el vaciamiento de Correo Argentino, que involucra a la familia del expresidente Mauricio Macri, y los propios negociados de Macri con la empresa bajo su presidencia de la Nación; la causa que investiga la supuesta participación del cortesano Rosenkrantz en sociedades offshore; y otra causa contra Maqueda por presuntas irregularidades en la administración de la obra social de la Justicia.

Lijo es reconocido amigo de Ricardo Lorenzetti, quien se encuentra en minoría en la actual configuración de cuatro cortesanos bajo la presidencia de Horacio Rosatti, y ha favorecido en su larga trayectoria a personas como el gobernador Gildo Insfrán, la familia Werthein e incluso los negociados con YPF de la familia Eskenazi.

Como juez federal a cargo de la investigación de las operaciones del Batallón 601 bajo la última dictadura militar, Lijo dictó el sobreseimiento del burócrata sindical y ex servicio de inteligencia Gerardo Martínez (Uocra), a pesar de la sobrante prueba en su contra.

Su trayectoria como juez es reconocida por su habilidad para “estirar” las causas que “no deben” resolverse y acelerar (o confeccionar) aquellas que demande el poder político y  el establishment.

Mansilla: antiaborto y clerical

Al hecho de que las postulaciones de Milei violan ostensiblemente el decreto que obliga a tener en cuenta la integración de diversidades de género en la Corte debemos sumarle la designación de un elemento declaradamente hostil a los derechos de las mujeres.

Manuel García-Mansilla fue uno de los expositores contra la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado en 2019, donde afirmó que “el aborto es un delito” y que el “derecho a abortar no existe”. Se trata de un hombre del Opus Dei que viene de la mano de un reforzamiento clerical duro en el gobierno, con otras designaciones como las de Pablo de la Torre en Capital Humano.

También se ha destacado como un defensor de la propiedad privada de las patronales fraudulentas, como el caso de Vicentin. Mientras que actualmente dirige la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos,y es uno de los principales lobbistas de la explotación offshore en el Mar Argentino y de los negocios petroleros.

Las propuestas de Milei para la Corte buscan incidir sobre aquel reducto del establishment que, a falta de recursos políticos del oficialismo, es convocado a jugar un papel importante en la resolución de las controversias intercapitalista que se manifiestan en la actual crisis, así como decidir sobre la viabilidad o no, por esa vía, de las reformas antiobreras y parte del plan motosierra de Javier Milei, muchas de ellas paralizadas por presentaciones de inconstitucionalidad.

Nada puede esperarse de una Justicia que responde a las necesidades del capital financiero y los grandes capitalistas y que solo encontrará límites reales a su intervención antiobrera y antipopular en la medida del crecimiento de la organización y acción de los trabajadores y explotados contra el ajuste en marcha y los planes de los gobierno capitalistas. De allí  el valor de reforzar  la movilización popular de este 24 de marzo, con la convocatoria independiente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para poner de manifiesto la existencia de reservas de lucha de clase trabajadora contra los amigos de los genocidas, ajustadores y antiderechos.

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