Javier Milei y Victoria Villarruel, quienes componen la fórmula presidencial de La Libertad Avanza, afirmaron en una entrevista televisiva que seguirán financiando a las iglesias. Como vemos, prometen terminar con las “prebendas” del Estado, pero mantendrán intactos los subsidios millonarios destinados al sostenimiento económico de la casta religiosa.

En el programa “A dos voces”, frente a la pregunta de los periodistas acerca de qué harían, en caso de ganar las elecciones, con los subsidios que recibe la curia católica, ambos candidatos titubearon pero terminaron concluyendo en que no los tocarían. A lo que Villarruel agregó que, al tratarse de una normativa constitucional, haría falta una reforma para modificarlo, la cual no figura dentro de sus planes.

Se trató de una excusa improvisada para justificar que, si llegan al gobierno, continuará ese gasto completamente parasitario, mientras que los recortes presupuestarios que tienen en carpeta los sufriremos los trabajadores. Cuando Milei habla de eliminar el déficit fiscal no cuestiona los $202.072.246 contemplados en el presupuesto 2023 para el sueldo de los curas, sino que apunta contra las partidas destinadas a educación, ciencia, salud, jubilaciones y vivienda.

Cabe destacar que la Constitución solo hace referencia al tema en su artículo 2, que establece que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Sin embargo, existe todo un andamiaje jurídico al servicio de la iglesia sancionado por la dictadura genocida que ningún gobierno constitucional se propuso desarmar, por el contrario, no hicieron más que reforzarlo.

Milei también planea dejarlo intacto porque sabe que necesitará del clero como aliado ideológico fundamental para infundir sus predicamentos reaccionarios en el seno de los sectores populares. A su vez, la aplicación de su programa de gobierno, que supone ataques profundos a la población trabajadora, no puede prescindir de las iglesias trabajando activamente en evitar que el pueblo se rebele.

Por otra parte, su discurso condescendiente con dichas instituciones obedece a que quiere disputarle esa base electoral al peronismo, en especial al sector evangélico que el gobierno tanto ha reforzado tercerizando en Aciera buena parte de la asistencia social.

Finalmente, Milei de liberal no tiene nada: quiere prohibir el aborto y la educación sexual de la mano de las iglesias y sostiene con dinero del Estado el culto religioso cuando debería ser una decisión privada.

Dentro de las legislaciones a favor del poder eclesiástico heredadas de la dictadura podemos mencionar el decreto 21.540, la cual dispone que los obispos y arzobispos eméritos –retirados– reciban una asignación mensual equivalente al 70% del sueldo de un juez nacional de primera instancia; el 21.950, que establece que los obispos y arzobispos reciban por mes el 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia; y el 22.162, que les concede a curas de parroquias de frontera o “zona desfavorable” un sueldo equivalente al de la categoría 16 de la administración pública nacional.

También podemos mencionar el decreto 22.430, que les permite una jubilación mínima a curas mayores de 65 años que hayan ejercido al menos cinco años en el país sin la necesidad de realizar aportes al sistema previsional; el  22.950, que les otorga un salario a cada seminarista católico equivalente al sueldo de la categoría 10 de la administración pública nacional; el 22.552, que habilita a los vicarios capitulares o administradores apostólicos que cubren vacantes en arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados a cobrar lo mismo que los obispos; entre otros.

Los gobiernos posteriores mantuvieron intacto ese corpus jurídico y algunos incluso lo reforzaron. En 2003, Eduardo Duhalde emitió el decreto 1.216, mediante el cual se aclaraba que, para calcular el salario de los obispos, se debía tomar el sueldo de un juez con 30 años de antigüedad. Por su parte, Cristina Kirchner impulsó en 2014 un nuevo Código Civil que dispone la consideración de la Iglesia como “persona jurídica pública”, concediéndole un status todavía más privilegiado.

A las ventajas mencionadas debemos sumar que la Iglesia Católica está exenta de IVA, de Ganancias y de ABL a nivel local. También hay que añadir la frecuente cesión de terrenos públicos en beneficio de las iglesias y las onerosas transferencias estatales que reciben para montar comedores en los barrios, centros donde se tratan adicciones, etc. Con estos dispositivos, los gobiernos eluden la tarea de ofrecer respuestas frente a esas problemáticas y los credos refuerzan su influencia sobre pueblo, en la cual se asientan para pregonar sus principios retrógrados.

Es decir, Milei podría cortar el financiamiento al clero sin la necesidad de reformar la Constitución pero no lo hará. Despotrica cuando los sectores más golpeados salen a luchar contra el ajuste y los tilda de “parásitos”, mientras se propone seguir manteniendo con la plata del los argentinos a los verdaderos “vagos que no quieren laburar”, quienes desde sus púlpitos no hacen más que educar en el sometimiento a las mayorías populares.

Solo el Frente de Izquierda dio batalla contra todas estas prerrogativas, presentando proyectos en el Congreso nacional y en las legislaturas provinciales y saliendo a las calles por la separación de las iglesias y el Estado.

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