Políticas
19/6/2026
Milei reglamenta el blanqueo de armas de fuego
Un guiño al negocio ilegal en medio de la violencia social.
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Un régimen de violencia contra los trabajadores.
El gobierno de Milei implementó el blanqueo de armas de fuego que el Congreso votó en mayo: quienes posean armas no declaradas o de procedencia ilegal quedarán exentos de toda sanción penal y dispondrán de un año para registrarlas. Se trata de una política que favorece a los que lucran con la venta ilegal de armas con la complicidad del Estado, en un contexto de reforzamiento represivo y crecimiento de la violencia social.
La medida comenzará a regir el próximo 18 de julio y alcanza a quienes hayan adquirido armas de "uso civil" o de guerra. De este modo, podrán seguir usándolas sin recibir sanción alguna durante 360 días antes de inscribirlas en el registro de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que depende del Ministerio de Seguridad. La exención penal no alcanza a quienes tienen una imputación judicial previa por tenencia ilegal.
Incluso serán beneficiarios de la disposición aquellos que "no pasaron por los controles para obtener la habilitación y el permiso de legítimo usuario de armas de fuego" (Página 12, 18/6). La única sanción contemplada es la retención del armamento, en caso de que no supere los controles de calidad o presente "problemas técnicos graves".
El gobierno flexibilizó las condiciones para ser usuario legítimo, incluso la tenencia de armas semiautomáticas, los requerimientos para registrar armas heredadas y los criterios para ser legítimo usuario para personas expuestas como jueces, fiscales y empresarios. A raíz de las últimas modificaciones, el plazo de vigencia para portar un arma se extendió hasta 5 años.
Milei justifica estas políticas con el verso del combate contra la inseguridad, que proviene más bien desde el Estado con sus instituciones y sus fuerzas de seguridad ligadas al crimen. El femicidio de Agostina Vega lo puso de manifiesto con toda crudeza. Recordemos que el gobierno ha beneficiado a grupos narco y criminales de distinto tipo con el blanqueo de capitales.
Impulsa estas políticas en un cuadro de profundización de la crisis social, con un incremento inusitado de la violencia al interior del pueblo, como se ha visto en las amenazas de tiroteo en las escuelas. El gobierno es un promotor de la violencia contra los trabajadores e incluso alimenta el odio entre ellos, sobre todo cebando a ciertos sectores a descargar su bronca contra los más pobres.
Milei, en este cuadro, ha reforzado los rasgos represivos de su gobierno al punto tal de sellar acuerdos con el FBI, o con el Mossad –servicio de inteligencia del Estado genocida de Israel–, como han hecho ciertos mandatarios provinciales.
Las medidas del gobierno tienen beneficiarios como Bersa, empresa fabricadora y vendedora de armas de buenos lazos con el mileísmo, que produce miles de pertrechos al año y abastece los arsenales de policías y ejércitos del mundo, siendo Estados Unidos su principal cliente. En su momento, desde la empresa Urban Tactical celebraron la llegada de fusiles semiautomáticos, los cuales ahora pueden ser adquiridos por particulares bajo ciertas condiciones (uso deportivo comprobado, por ejemplo).
La tenencia permite a un ciudadano poseer un arma en su domicilio, que solo puede transportar –a un club de tiro o para cazar- descargada, guardada en su estuche y separada de sus municiones. La portación permite a un ciudadano llevar un arma de fuego cargada por la vía pública. Para solicitar ambas se necesita ser usuario legítimo.
Para obtener o renovar la tenencia se exige idoneidad en el manejo de armas acreditada por instructores de tiro registrados y vigentes en el Registro Nacional de Armas, certificaciones de aptitud físico-psíquica, no tener antecedentes penales, entre otros requisitos. Para portar armas se exigen cosas similares y además la presentación de una solicitud que exprese y pruebe razones de seguridad y defensa, por lo que el acceso es mucho más difícil.
Entre las armas autorizadas se encuentran pistolas semiautomáticas, revólveres, escopetas y armas largas como fusiles. Están prohibidas escopetas de cañón corto y armas disimuladas, así como también dispositivos que puedan transformar armas semiautomáticas en automáticas (Infobae, 4/5). También se encuentra vedado el acceso a ciertos tipos de municiones (perforantes, envenenadas, explosivas, incendiarias). Las armas de guerra, por su parte, son autorizadas por el Ministerio de Seguridad bajo ciertos y estrictos parámetros.
El gobierno también habilitó la tenencia en el domicilio de cascos o placas balísticas y la utilización en polígonos o predios autorizados de suspensores de sonido, dispositivos infrarrojos de puntería y visores nocturnos.
Un negocio amparado por el Estado
El blanqueo, por otra parte, puede terminar favoreciendo a sectores y elementos que lucran con el negocio de la venta ilegal de armas, que en Argentina adquirió dimensiones importantes con la complicidad del Estado. Generalmente, el ingreso de armamento al mercado ilegal se da a través de la utilización de testaferros, el robo en instalaciones militares y el contrabando.
Los testaferros son aquellos usuarios legítimos que compran pertrechos en una armería y luego los ceden a otra persona o a una organización criminal –que liman la numeración y pueden venderlos más tarde en el mercado negro a un precio mayor.
Esta metodología fue utilizada por una organización que introducía grandes cantidades de pistolas y fusiles en el mercado ilegal en beneficio de bandas criminales, y destinaba una parte del armamento a Chile y Uruguay –desde este último país salían envíos para bandas criminales en Brasil.
El caso salió a la luz tras la realización en marzo de este año de más de 100 allanamientos en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires y Santa Fe, con los que se pusieron de manifiesto ciertas formas que tienen de operar las bandas del crimen organizado del Gran Rosario.
Por otro lado, entre 2022 y 2024, miles de armas y municiones fueron desviadas al mercado negro por una red criminal que contaba con gestores y testaferros, en la que participaban un miembro de la Policía de la Ciudad, un empresario de la construcción, un hotelero y dueños de armerías. La red, además, lavaba dinero mediante operaciones inmobiliarias (Clarín, 29/4).
También se suelen robar armas de los arsenales del Ejército y de los depósitos de la policía. Y no son pocos los que señalan que desde las propias instituciones se hace la vista gorda frente a la venta de armas. En 2011, la Policía Federal brasileña secuestró tres fusiles FAL con numeraciones que correspondían a arsenales argentinos, y en Paraguay los uniformados se enfrentaron a un grupo armado que portaba los mismos.
En octubre de 2025, apareció otro FAL del Ejército argentino en el megaoperativo del gobierno de Río de Janeiro contra las favelas, que era usado por el Comando Vermelho (La Nación, 27/4).
Estado, negocio de las empresas capitalistas de armas y curros del mercado ilegal son parte del mismo régimen social que los trabajadores tenemos que abolir.
