Con la publicación oficial de los datos de la inflación del Indec para el mes de diciembre, con una suba promedio del 25,5%, el reciente gobierno de Javier Milei hace el aporte más significativo al ajuste inflacionario de todo el 2023, con un acumulado anual del 211,4% que ataca a los trabajadores y jubilados, recompensando a los capitalistas con la liberación de precios y las exportaciones.

El dato de la elevada inflación de diciembre, que en el sensible ítem de Alimentos alcanzó la preocupante suba del 28,7%, implica una de las contradicciones más importantes de un gobierno que prometió acabar con la inflación –incluso hablando de dolarización- pero viene ejecutando un plan de ajuste inflacionario, de la mano del cumplimiento de las metas fijadas por el FMI.

Entre los aumentos que más se destacaron se encuentran Bienes y servicios varios 32,7%, Salud 32,6%, Transporte 31,7% y Equipamiento y mantenimiento del hogar 30,7%, además de los Alimentos y bebidas no alcohólicas ya mencionados.

El salto en la inflación de diciembre, luego de un 12,8% en noviembre, es el resultado de la política oficial de liberalización de precios y exportaciones, aumento de tarifas, devaluación, naftazos y una serie de políticas tendientes a garantizar los negocios capitalistas con una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia las patronales.

Todo sube menos los salarios, las jubilaciones y los programas sociales, que son anclados por el gobierno y las patronales en vista a deprimir los ingresos obreros y populares. O en términos patronales: abaratar la mano de obra local por medio de devaluaciones y ajuste salarial.

Lejos de lo que esgrime el gobierno, respecto a la responsabilidad heredada del gobierno kirchnerista por la inflación, Javier Milei comenzó su gestión con una devaluación del 54% que fue a trasladarse directamente a los precios, con el agravante de una política de vía libre para las remarcaciones y la habilitación de las exportaciones en productos sensibles para los trabajadores, particularmente en los alimentos.

Con este combo explosivo, los capitalistas aumentaron sus margen de ganancias con la remarcación de precios y/o directamente la salida de los productos al mercado internacional, trasladando precios dolarizados a la “mesa de los argentinos”.

Aunque aún debemos esperar algunos días para conocer el impacto de estas subas en la canasta básica y alimentaria, la estadística de la Ciudad de Buenos Aires ya concluye que son necesarios $500.000 para cubrir una canasta de pobreza: un número fuera del alcance de una porción significativa de los trabajadores, incluso de aquellos formalizados en el sector privado. Algo que se reflejará seguramente en el crecimiento de la pobreza y la indigencia en todo el país.

Mientras los precios golpean todos los días a los trabajadores y jubilados, el gobierno mantiene la jubilación mínima en $105,712 de extremada indigencia más el bono de $55.000 (que no ha sufrido ninguna modificación) y el salario mínimo en escasos $156.000 que no guardan relación con nada.

En tanto para los trabajadores ofrece una reforma laboral antiobrera, por DNU y Ley Ómnibus, que implica la destrucción de derechos conquistados y la subordinación de los convenios colectivos a las imposiciones de las patronales, con un resultado económico negativo para los trabajadores. Además de alentar los despidos con la parálisis de la obra pública, el abaratamiento de las indemnizaciones y el desvinculamiento de miles de trabajadores estatales con el ajuste fiscal.

Con Milei y La Libertad Avanza sigue la inflación y crece la pobreza y la miseria social. Enfrentemos esta ofensiva contra los trabajadores con el paro activo nacional, con el 24 de enero como instancia inmediata, conformando una columna independiente que levante los reclamos de salario mínimo de $500.000, 82% móvil, recomposición general de los salarios, abajo el ajuste el DNU antiobrero y la Ley Ómnibus. Fuera el FMI.