El gobierno nacional redujo drásticamente los recursos destinados al Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) y con ello parte del presupuesto destinado a la urbanización de villas y “barrios populares”. Escudado en el fracaso de la gestión “low cost”, precarizada y ajustada de urbanización bajo el Frente de Todos, Milei elimina todo presupuesto para quienes viven en las peores condiciones.

La medida oficializada por medio un decreto reduce al 1% la participación del 30% que recibía del Fisu respecto a una parte de los recursos del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (País), redirigiendo los recursos afectados a otros propósitos.

Dicho fondo se empleaba para las obras de urbanización y mejora de la calidad de vida en los más de 5.000 barrios pobres y vulnerables inscriptos en el registro oficial (Renabap). Los recursos no solo eran insuficientes sino que la mano de obra empleada lo era bajo condiciones de suma precariedad laboral –por medio de cooperativas de la “economía popular”- e insuficiencia de maquinaria, herramientas y condiciones laborales y salariales adecuadas.

El gobierno del Alberto Fernández y Cristina Kirchner se había comprometido a la urbanización de 400 barrios por año, sin embargo esto no solo no se cumplió, debido a los límites señalados, sino que los barrios bajo dichas condiciones ampliaron su número.

La creación del Fisu, incluso, no corresponde al kirchnerismo sino a su predecesor. Lo que Milei señala como una “caja negra de la política” fue fundado por Mauricio Macri con el Decreto 819/2019.

La orientación de estos gobiernos capitalistas no ha sido satisfacer las necesidades obreras y populares, sino ofrecer un paliativo, con mano de obra barata y precarizada, un presupuesto más que acotado y condiciones laborales deplorables para “atender” una crisis habitacional que fue creciendo durante ambos gobiernos, con procesos de recuperación de tierras y el asentamiento de miles de familias en terrenos no urbanizados, muchos de ellos no aptos para vivir.

Los planes de vivienda fueron casi inexistentes y a cuentagotas, así como el tendido de redes eléctricas, agua potable, gas natural, cloacas, pavimentación, zanjeo y la construcción de unidades sanitarias, escuelas, plazas y dependencias públicas. Todo lo que demanda una mayor inversión en la obra pública recortada por unos y otros.

Bajo el pretexto de avanzar contra la modalidad de trabajo de las cooperativas, Milei de desentiende, finalmente, de toda política de urbanización y mejora de los barrios pobres y vulnerables: algo que concuerda con la parálisis total de la obra pública y el redireccionamiento de esos fondos hacia el capital financiero y la deuda pública.

Esta orientación es el corolario de una agudización mayor de la crisis social, con miles de barrios abandonados a las inundaciones, los incendios por conexiones deficientes de electricidad y gas, el consumo de agua no potabilizada, la falta de accesibilidad a dependencias sanitarias y educativas y la penetración en ellos del crimen organizado, como el narcotráfico, de la mano de la complicidad del Estado.

El ataque de Milei es un ataque contra los trabajadores pobres, en el mismo marco que cierra comedores populares en todo el país y ataca a docentes y trabajadores de todo tipo. Debemos enfrentarlo con la movilización popular y la organización en una asamblea de trabajadores ocupados y desocupados y sectores en lucha para derrotar esta ofensiva antiobrera y destinar los recursos presupuestarios para la obra pública de urbanización, con trabajo genuino y el capital técnico necesario para las obras de infraestructura y urbanización que se requieren en todo el país.

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