Según una información suministrada por Alejandro Martínez, director de Coordinación y Contralor de Obras Públicas de la Intendencia de Esteban Echeverría, al diario local La Voz del Pueblo (7/3), el gobierno nacional suspenderá, a partir del 1º de agosto del corriente año, el envío a los municipios de las partidas correspondientes al pago del servicio eléctrico de los barrios carenciados que cuentan con medidores comunitarios.

En 1994, el gobierno menemista y su par provincial de Duhalde subsidiaron a las compañías eléctricas Edesur y Edenor, mediante los decretos nacional Nº 584 y provincial Nº 1445, tomando a su cargo el abono del consumo eléctrico de los barrios carenciados como medio de frenar la resistencia popular a la intención de las empresas de cortar el suministro en los asentamientos y villas del conurbano bonaerense y la Capital Federal. De ese modo, estas empresas se “colgaron” del presupuesto público, a pesar de que los pliegos de licitación de la privatización contemplaban que las adquirentes se harían cargo del suministro gratuito para la población de escasos recursos.

La población afectada por la medida que ahora tomaría el gobierno de Duhalde ronda los dos millones de habitantes, de los barrios obreros más humildes, incluyendo alrededor de 250.000 usuarios de más de 230 barrios de la zona sur del Gran Buenos Aires.

En momentos en que se discute la validez o no de la llamada “tarifa social”, que endeuda a la propiedad con el monto que se reduce de la factura, este mazazo al bolsillo obrero plantea más que nunca la necesidad de una campaña por la reestatización de las empresas privatizadas bajo control obrero.