En una escalada a ambos lados de la cordillera, tropas de los Estados chileno y argentino ocuparán el territorio de la Araucanía y Bío Bío en Chile, y la zona de Bariloche y Bolsón en Río Negro. El envío de tropas de Gendarmería por parte del gobierno de Alberto Fernández fue anunciado luego de varios días de pedidos de Arabela Carreras.

El detonante del envío de tropas fue el incendio en el Club Andino Piltriquitrón. Esta acción fue atribuida por el gobierno a grupos mapuches, que sin embargo no la han reivindicado como propia. El incendio alimentó una extensa campaña de la derecha en todo el país junto al gobierno de Río Negro y el de Chubut pidiendo la intervención de fuerzas nacionales. La excusa de la lucha contra “el terrorismo” es un clásico inspirado en las razones esgrimidas desde los Bush hasta Biden para militarizar el mundo, y una América Latina en sucesivas rebeliones populares.

Con el anuncio del envío de tropas, el gobierno se alinea con los gobernadores patagónicos que defienden sin fisuras los intereses de los Lewis y la especulación inmobiliaria. Le pone un coto al intento de arbitrar en la cuestión mapuche. Este intento abarcó la intervención de Rafael Bielsa en la causa por la libertad provisional de Jones Huala, sobre la cual ahora la cancillería explica que “no solicitó que se otorgara ni que se dejara de otorgar la libertad condicional” del líder mapuche. También, el retiro de Parques Nacionales como querellante en la causa por el desalojo de la comunidad mapuche de Villa Mascardi.

Estas veleidades del kirchnerismo fueron siempre totalmente inconsecuentes. Basta considerar que el gobierno contiene en sus filas a Mariano Arcioni, que actúa en el bloque del Frente de Todos, y que los Kirchner mismos son terratenientes en Santa Cruz, y que han defendido todos los negociados de la especulación inmobiliaria y la megaminería en todo el país. Los intereses sociales que defiende el gobierno nacional están en los negociados inmobiliarios y mineros.

La intervención de gendarmería no tiene como objetivo central las acciones aisladas de incendios de algunas instalaciones sino la lucha por la tierra a ambos lados de la frontera cordillerana. Los intereses de los gobiernos provinciales, que ahora viene a respaldar Gendarmería Nacional, están en los loteos como el de la Pampa de Ludden, que quiere llevar adelante Lewis con la complicidad de su ex (o actual) empleado, el intendente de Bolsón, Pogliano. Se trata de una política destructiva de la cordillera y de privatización de los cursos de agua, que fue denunciada en movilizaciones masivas en la Comarca Andina. Van además por los desalojos en los Lof (como el Qemquentrew) y de diferentes ocupaciones. La respuesta de la militarización no enfrentará un ejército rebelde que no existe, sino que tratará de aniquilar el movimiento de reclamos de tierras y de defensa ambiental que impulsan la población de la comarca andina, comunidades mapuches y organizaciones populares.

La política de entrega de tierras y destrucción de la comarca, responsabilidad del Estado, tuvo un pico destructivo en 2020 con la nula acción frente a los incendios forestales, parte de los cuales fueron originados además en las pésimas condiciones del tendido eléctrico.

No de gusto, Patricia Bullrich se ha congraciado con esta militarización, cuando cuenta en su haber con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y de “Rafa” Nahuel.

La renuncia de la fiscal federal de Bariloche, Silvia Little, “abrumada” porque no fue condenada una dirigente mapuche, fue otro disparador de la ofensiva gubernamental. La fiscal fue finalmente confirmada en el cargo por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. La funcionaria, abierta defensora de la represión a los mapuche, tiene a su cargo nada menos que la causa de Villa Mascardi y el asesinato de “Rafa” Nahuel. Están en manos de una fiscal que promueve la aplicación del Código Penal y la Ley Antiterrorista, antes que el menor esbozo de un trato justo.

La confirmación de esta fiscal va en la línea de la militarización y la expulsión de las comunidades mapuches de sus tierras. Es decir que el gobierno del Frente de Todos lleva adelante la política de las Bullrich y los Piñera.

La aprobación de la Ley Antiterrorista por parte del gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, pasa a ser la cobertura legal y política de la militarización. Los sectores que se reivindican “progresistas” deben definirse ante la ocupación de los territorios por las tropas federales, sino serán de cocodrilo las lágrimas que derramen ante nuevos crímenes de la represión.

¡Fuera las tropas de Bariloche y El Bolsón!

¡Pleno apoyo a los reclamos de tierras de las comunidades mapuches! ¡Abajo los negociados inmobiliarios y mineros en la cordillera!