El gobierno acaba de anunciar el lanzamiento de 87.000 créditos dirigidos a la refacción y construcción de viviendas, en el marco del programa Casa Propia, desde donde prometieron 264.000 “soluciones habitacionales”. Se trata solo de un paliativo, en el marco de una crisis habitacional descomunal.

La oficialización de estos créditos tuvo lugar este mediodía en una conferencia de prensa, donde el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el presidente Alberto Fernández, anunciaron los detalles.

Se trata de 65.000 créditos para realización de refacciones y solo 22.000 para quienes, con lote propio, aspiren a construir una vivienda nueva. Como el acceso a la tierra también escasea, Fernández no se privó de señalar que actualmente se construye “en el fondo de la casa de los padres, o en el piso de arriba de la casa de los padres”.

Mucho ruido y pocas nueces

Cuando Alberto Fernández dio su discurso de inauguración de las sesiones legislativas había anticipado un plan trianual de unas 264.000 “soluciones habitacionales”. Está claro que estamos ante eufemismo que esconde la ausencia de una política integral y universal de acceso al crédito hipotecario.

El anuncio podría entenderse como el cumplimiento de un tercio del plan comprometido hasta finales del 2023, y todo lo que va a ofrecer el gobierno durante el año en curso. Siendo así, estaríamos ante un universo de 22.000 familias que podrán acceder a las tasas 0%, ajustadas según el índice de salarios del Indec y un tope del 25% en las cuotas que ofrece el Estado.

La cuantía de estos escasos créditos, que serán ofrecidos con la intermediación del Banco Hipotecario, no alcanza ni para satisfacer la demanda que se agrega solamente por el crecimiento poblacional: en la última década, el Indec proyectó un crecimiento de más de 5 millones de habitantes.

Datos del último censo realizado en 2010 estiman que al menos 4 millones de personas se encuentran en crisis habitacional, número que las proyecciones actuales confirman y señalando incluso un crecimiento de estas necesidades.

El 2020 fue un año que puso esto de manifiesto, como no se veía hace muchos años: la proliferación de procesos de recuperación de tierra ante la imposibilidad de pagar alquileres en constante aumento y la saturación de los hogares familiares, donde el presidente pretende que la gente siga construyendo.

Fondos insuficientes

Otro dato, no menor, es que para estos créditos para edificar viviendas propias se ha fijado un tope de $4.000.000 para la construcción de hasta 60 metros cuadrados. En comparación, la Cámara Argentina de la Construcción tiene valuado en ese mismo monto -según datos de enero- el costo de construcción de una vivienda de 51 metros cuadrados, según el modelo “económico” del Procrear: es decir que el techo de estos créditos alcanzan el piso de una mala construcción.

Que las construcciones bajo esos términos son precarias no es una afirmación hecha al voleo. Los propietarios de las viviendas del plan Procrear de Castelar han circulado la denuncia de que a un año de asignadas sus viviendas estas presentan filtraciones, ingreso de agua, humedad y roturas de todo tipo. Lo mismo se replica en proyectos similares en todo el país.

El gobierno nacional había prometido en diciembre del 2020 una inversión de $900.000 millones en políticas habitacionales, sin embargo se está muy lejos de esto. Al contrario, durante todo el 2020 se recortaron en un 20% los fondos destinados a la obra pública y en el medio tuvo que retirarse la anterior ministra, María Eugenia Bielsa, por una “subejecución” de las partidas asignadas.

Lejos de una salida

Alberto Fernández tampoco pudo eludir la situación que padecen los hipotecados UVA y millones de inquilinos ante deudas y alquileres que se han disparado por las nubes. Para ellos no hubo ningún anuncio, sino la “tranquilidad” de que se “encuentran trabajando para ellos”.

Estas medidas cosméticas del gobierno sirven para disimular un abandono de toda política habitacional, en el marco de una orientación social que transfiere los recursos de la población al capital financiero y al FMI.

La oferta de cupos ultralimitados, con requisitos excluyentes (ingresos comprobables mayores a $53.000), no es una respuesta a la altura de tamaña crisis. Reclamamos un programa universal de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas bien edificadas, en lotes con servicios, para lo cual se requiere la implementación de un Banco de Tierras que reúna el conjunto de la tierra ociosa y fiscal para ponerla al acceso de la población trabajadora. También la suspensión de desalojos y el congelamiento de los alquileres hasta fin de año para evitar que esta crisis se siga agravando.