Los gobernadores de cinco provincias mineras y de todos los palos políticos viajaron a Londres para ofrendarle a las multinacionales mineras condiciones leoninas para que traigan sus inversiones, favoreciendo el saqueo de recursos, puntualmente del litio y el cobre.

La comitiva está integrada por gobernadores radicales, peronistas y de todo tipo de color político: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Andrea Mariana Confini, secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, e Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El secretario de Minería, Luis Lucero, dijo en alusión al Rigi que ahora “nuestro país tiene mucho que ofrecer en cuanto a recursos y un sistema notablemente libre para acceder a concesiones mineras de cobre y litio, a diferencia de los países vecinos Chile y Bolivia”. Es la confesión de que se encausa un remate de recursos mediante un cúmulo de prebendas fiscales y cambiarias para las multinacionales.

El argumento de los gobernadores es que promover el ingreso de inversiones mineras se traduciría en un desarrollo productivo provincial y un progreso económico que tendría como consecuencia una mejora en las condiciones de vida de sus habitantes. Sin embargo, el sector minero acumula décadas de beneficios de todo tipo y lo único que crece en las provincias es la pobreza: en Catamarca alcanzó el 45%, en Jujuy el 46,6%, en Mendoza el 47%, en Salta el 42% y en San Juan el 41,6%, por citar algunos ejemplos.

A la reforma al Código Minero y la ley de inversiones que ya había sido aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, se sumaron los beneficios otorgados en 2023 por vía de la Ley de Inversiones Mineras, la cual le hizo dejar de percibir al Estado 28,9 mil millones de pesos. Estos beneficios incluyen estabilidad fiscal por 30 años; deducción del Impuesto a las Ganancias; devolución del IVA; y amortización acelerada; entre otros. Eso logró que las mineras hoy puedan llevarse nuestros recursos a un costo mínimo, pagando un miserable 3% de regalías a las provincias. El Rigi es una vuelta de tuerca más de este régimen que garantizó la entrega del suelo y el subsuelo a grandes capitalistas criollos y multinacionales durante las últimas décadas.

Los beneficios impositivos los pagamos los trabajadores con un mayor ajuste. Pero las garantías a las mineras no son solamente tributarias, sino que también prioriza al gran capital por sobre la población en el acceso a servicios básicos como el agua o energía, puesto que estipula que los proyectos enmarcados en dicho régimen tiene prioridad de abastecimiento. Para eso contrataron a Mekorot, empresa estatal israelí denunciada por dejar sin agua a los palestinos bajo ocupación sionista, y con la cual ya firmaron convenios secretos y coloniales la mitad de las provincias del país, enmarcado en gestiones vía el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

¿Qué implican esos convenios? Formalmente se presenta como un servicio de asesoría para una “gestión eficiente y sustentable de un recurso escaso”, pero la entrega del control e incluso información geológica e hídrica muy sensible a Mekorot apunta a garantizar la provisión ininterrumpida a las mineras a costa del arancelamiento de los servicios de aguas, la modificación de leyes provinciales, el reordenamiento del uso de infraestructura, y establecer un costo unitario del agua en la Argentina.

El hecho es que la explotación minera tiene un brutal impacto ambiental y se concentra en zona de estrés hídrico. Esto afecta de lleno en las condiciones de vida de los pueblos de las provincias, que además son víctimas de la contaminación con químicos muy dañinos.

Por ejemplo, la comitiva se reunió con BHP, una de las mineras más grandes del mundo que acaba de comprar la mitad del proyecto de extracción de cobre Filo del Sol en San Juan, y cuenta en su prontuario el desastre ambiental más grande de la historia de Brasil. En 2015 diecinueve personas murieron y cientos fueron desterradas, con sus casas derribadas y sus cultivos destruidos por el barro tóxico que se derramó y avanzó 650 kilómetros por el Río Doce tras la rotura de un dique de colas. En enero de este año fue condenada a pagar una indemnización de casi 10.000 millones de dólares por el siniestro.

Incluso con todas estas ventajas, la llegada de inversiones todavía esté por verse. En primer lugar, las multinacionales exigen remover el cepo cambiario, pero eso choca con el objetivo primario del gobierno que es el pago de la deuda externa. Contradicciones del saqueo capitalista de la Argentina. Lo que es seguro es que los beneficios fiscales dejarán menos ingresos a las provincias, la flexibilización en las normas de producción promete mayor contaminación, y las nuevas brigadas de Bullrich anticipan mayor represión a las comunidades.

Queda claro que es falso el planteo de que el desarrollo de la minería promueve el progreso económico y la mejora en las condiciones de vida de la población. El correlato de este régimen de saqueo es pobreza y un pasivo ambiental cada vez mayor para las provincias y sus habitantes, y ganancias exorbitantes para las multinacionales extranjeras. Esos son los intereses que defiende este régimen, desde Milei a los gobernadores de todos los colores.

Tenemos que enfrentar este régimen de saqueo y pobreza. El control obrero y científico en industrias y yacimientos, y el derecho de las comunidades a vetar emprendimientos que las perjudican, son medidas elementales que solo pueden ir de la mano de un plan económico que parta de la nacionalización del comercio exterior y reduzca la explotación minera a las necesidades sociales y productivas del país, gravando a las empresas por los pasivos ambientales y empleando a los trabajadores de las minas contaminantes en tareas de remediación y recuperación ambiental.

Milei, un gobierno de la barbarie capitalista al desnudo

El 9, cuando se trate el veto en el Congreso, será ocasión de una nueva movilización masiva para quebrar al gobierno. –

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