El jueves se inundaron las redes sociales de indignación por videos difundidos desde distintos medios de comunicación e incluso desde el propio Concejo Provincial de Discapacidad de Misiones, en los que se denuncian auditorías truchas y malos tratos para mantener las pensiones no contributivas.

Estas auditorías fueron impulsadas desde la ya vapuleada Agencia Nacional de Discapacidad envuelta en escándalos de coimas y sobreprecios destapados en los conocidos audios de Spagnuolo, y por el Pami que también se vio envuelto en escándalos por aportes compulsivos de funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) a la caja de Misiones. La ahora candidata a diputada por el Partido Libertario, Ninfa Alvarenga, y el exrenovador y actual presidente de LLA Misiones, Carlos Adrián Nuñez, ya habían sido denunciados en distintos momentos por estos entramados de corrupción en sus pasos por la entidad.

Los videos más difundidos se refieren a las localidades de Concepción de la Sierra, citándolos al aire libre; y a San Ignacio, citándolos a un restaurante abandonado. En ambas ocasiones, lugares sin la accesibilidad y los apoyos necesarios. Allí se agrava la situación con las denuncias sobre que los auditores no son médicos ni tienen formación ni trayectoria en la materia, sino que son militantes pagos de LLA, quienes no solicitaron la documentación médica acercada por quienes realizaron colas por muchas horas, sino que le decían que era simplemente una “entrevista” y le entregaban planillas ya firmadas. 

El gobierno provincial posó de defensor de los derechos de las personas con discapacidad y de la transparencia anunciando la realización de un amparo por la situación de estas localidades, pero es parte del entramado de desorganización en el resto de los municipios.

Más desorganización y falta de accesibilidad

Si bien no hubo mucho ruido, en otras localidades como Montecarlo hubo también citaciones al aire libre, sin accesibilidad. En Oberá hay colas de 2 cuadras fuera de la clínica privada Epsom para realizarse la auditoría, de la que es dueño el exintendente de San Martín, Horacio Olivera. En localidades como la de San José, las auditorías eran delegadas a otros municipios por falta de infraestructura de salud pública y los vecinos tuvieron que reclamar al intendente que su municipio se encargue del traslado.

En San Pedro no entregaron los telegramas convocantes en los domicilios, sino que se hizo en el polideportivo municipal donde familias tuvieron que hacer filas el 28 de agosto, pasando frío de pernocte y calor durante el día, no llegando a entregar todos los telegramas, convocando a otro día de entrega el 29 y suspendiendo sobre la hora la convocatoria. En este caso las auditorías si se harían en el hospital, con una sola médica que atiende solamente los miércoles por la mañana.

Ante los maltratos y la truchada, organización popular como respuesta

El gobierno nacional no tiene ninguna autoridad para hacer auditorías en función de la transparencia. Los audios de Spagnuolo destaparon la olla de que son una manga de coimeros y corruptos. El gobierno provincial está a favor de las auditorías, entre ajustadores se entienden; pero se queja de la crueldad con la que se hacen las auditorías, aunque le garantiza todas las herramientas del ajuste a Milei. Mientras tanto, el gobierno sigue apretando para que el veto no caiga en el Senado el próximo jueves y amenaza con judicializar la ley de emergencia.

La comunidad disca (personas con discapacidad, familias y prestadores) no tiene por qué aguantar estos destratos y este ajuste de quienes vulneran los derechos de las mayorías trabajadoras para llenarse los bolsillos, tenemos que echarlos. Para ello es necesario bregar por construir un frente clasista, antiburocrático e independiente de los gobiernos, que se una a todos los sectores que están en lucha contra la motosierra de Milei y los gobernadores que son correa de transmisión de su ajuste.

Son coimeros y ajustadores: ¡Fuera Milei!

Luchar en las calles y votar al FIT-U. -

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