Tras 12 días de acuartelamiento la policía finalmente llegó a un acuerdo salarial con el gobierno y levantó el acampe aceptando un poco más de 32% (muy por debajo del 100% reclamado) y una amnistía para los efectivos que participaron en él. Recuperada la capacidad represiva del Estado al poder disponer de los servicios de los uniformados, el gobierno renovador arremete ahora contra los sectores estatales que siguen movilizados por mejoras salariales, particularmente contra la docencia y las y los trabajadores de salud.

La respuesta represiva comenzó con la denuncia penal por daños a la Cámara de Diputados, criminalizando a referentes sociales y de la lucha docente, entre ellos a nuestra compañera Virginia Villanueva, que en todo este proceso han estado presentes en los cortes, acampes y movilizaciones, a quienes además se les aplicó una prohibición de acercamiento a la Legislatura. Luego vinieron las órdenes de desalojo de las instalaciones del Ministerio de Salud, tomado por los trabajadores del sector, y de la avenida Uruguay, donde los docentes mantienen el acampe, que fueron resistidas. En el caso de los docentes también se aplicaron descuentos a los ya bajos salarios por el ejercicio del derecho a huelga.

El impacto del ajustazo de Milei en una provincia pauperizada

Misiones es una provincia donde sus habitantes sufren condiciones estructurales de miseria hace décadas. El acceso al agua potable no existe directamente en barrios y parajes enteros y, donde hay, en épocas de mayor demanda -en los calurosos veranos- la infraestructura no da abasto y los cortes generalizados en el suministro son sistemáticos. Tampoco está resuelto un tema sanitario elemental como las cloacas en muchos municipios y cientos de familias en las chacras siguen con letrinas en sus casas. En materia salarial el panorama es igual de miserable, por estos días el país se enteró de los básicos de hambre que la administración pública acuerda a docentes, personal de la salud y policías y en el sector privado es igual o peor. La precarización laboral es la regla en empleados públicos y privados.

Con salarios de indigencia las y los trabajadores tuvimos que afrontar en estos años costos altísimos en los servicios públicos: las tarifas de energía son de las más altas del país, pese a soportar las consecuencias sociales y ambientales de represas como Yacyretá; no hay red de gas natural y, como se sabe, el gas en garrafas es mucho más caro, y en materia de transporte público el servicio de colectivos es caro y deficiente.

Este es el cuadro de la situación social de la provincia que hace más de 20 años gobierna Rovira y sobre el cual recae la motosierra y licuadora del gobierno nacional. La brutal devaluación y sus consecuencias en la espiral inflacionaria recae sobre estos salarios de miseria. Lo mismo ocurre con el aumento de las tarifas producto de la quita de subsidios que significaron aumentos de 500% promedio, evidentemente imposibles de afrontar con los bajísimos sueldos. La apertura de las importaciones también afecta la producción local, particularmente la de yerba y tabaco. El desmantelamiento de la asistencia social proveniente de Nación también tuvo un fuerte impacto en los sectores más empobrecidos pues a nivel provincial es prácticamente nula.

Lo dicho hasta aquí da cuenta que la penosa situación de las familias trabajadoras misioneras tiene como responsables políticos directos y en la misma medida al gobierno provincial y nacional, los que se encuentran negociando a espaldas del pueblo de Misiones y en contra de sus intereses y, frente a esta crisis, se tiran la pelota. Es importante que los sectores que se movilizan tengan presente quiénes son los responsables de las penurias que están pasando para que las luchas en curso derroten el ajuste nacional y provincial que sufrimos.

En Misiones, Milei obtuvo una importante votación y aún hoy, pese a sus políticas antiobreras, conserva una adhesión considerable en las masas laboriosas que se encuentran luchando. Pese a ello, el levantamiento popular que se vive en nuestra provincia está chocando de lleno con el gobierno nacional y por eso Bullrich mandó a gendarmería a contener la situación en términos represivos.

Un gobierno en crisis

El poder hegemónico que detenta la renovación hace más de 2 décadas en Misiones se explica a partir de un régimen electoral fraudulento como lo es la ley de lemas, el manejo clientelar de los recursos del Estado que funciona como un mecanismo disciplinador y los acuerdos con la oposición patronal. En todos estos años se han jactado de tener las cuentas fiscales en orden pero ello nunca tuvo un correlato en mejoras en las condiciones de vida. Al contrario, los bajos salarios, la precarización laboral generalizada en la administración pública, la poca o casi nula inversión en infraestructura necesaria, como extensión de redes cloacales y de agua potable, construcción y mantenimiento de hospitales y escuelas, etcétera explican en gran medida el superávit fiscal provincial. Quienes sí se ven beneficiados por este esquema son la dirigencia política enriquecida y los empresarios amigos del poder.

En este contexto histórico, político y social es que hay que dimensionar el levantamiento de los distintos sectores de trabajadores y la crisis política que ello representa para el régimen hambreador que dirige la provincia. Crisis que buscan contener con los mecanismos disciplinadores de siempre y está por verse cuán efectivos siguen siendo para restablecer “la paz social” que el modelo rovirista de miseria necesita. Porque las y los trabajadores dependientes del Estado sortearon los aprietes y el temor cedió el paso a la bronca y la lucha. Por el momento, buscan retomar la iniciativa política perdida por la acción de la clase trabajadora, en todo caso estamos en presencia de una crisis que -aunque aguda- no significó la pérdida de control del Estado por parte de la Renovación.

Este proceso no empezó este año y menos con el acuartelamiento de la policía: la docencia misionera hace años viene resquebrajando la contención de la burocracia de Adomis que dirige UdPM y otro tanto ocurre con los trabajadores de la salud desconociendo los acuerdos ruinosos de los burócratas de ATE. Fueron los primeros sectores que salieron a luchar y luego se fueron sumando el resto y hoy son quienes resisten la embestida represiva del gobierno.

Luego de acordar con los policías, que se olvidaron rápidamente las promesas de no levantar su protesta si no se daba respuestas a los reclamos salariales de todos los sectores en lucha, el gobierno renovador busca retomar la iniciativa con los mecanismos de disciplinamiento de siempre: represión, criminalización y, con aprietes de por medio, movilización del aparato para montar el show “por la paz y la democracia” frente a la Legislatura el pasado jueves. Y, sin embargo, la lucha sigue y hoy la docencia volvió a rechazar la propuesta salarial del gobierno por considerarla irrisoria y sostiene las medidas de lucha en toda la provincia. Igualmente en el caso de las y los trabajadores de salud. En este  proceso se dieron pasos en construir la unidad en la lucha de los distintos sectores, porque justamente la división le permitió al gobierno maniobrar para desarticular los reclamos sin brindar respuestas razonables en todo éste tiempo.
Es importante sacar conclusiones de la conducta de la policía pues no sólo se cortaron solos, también se han permitido cuestionar los métodos de protesta de docentes y ahora no tienen reparos en reprimir a aquellos que hasta hace pocos días pedían apoyo a sus reclamos. Misiones es un ejemplo de lucha para la clase trabajadora de todo el país, en unidad llevemos ésta pelea hasta el final para derrotar el ajustazo de Milei y