A principios de semana se supo que el dueño del grupo Horianski, que presta servicio en 16 localidades misioneras, declaró que “Posadas en una ciudad muy grande, los servicios tienen una exigencia superior. La calidad de servicio que Posadas necesita es muy superior a lo que en el interior estamos acostumbrados”. Esto como forma de justificar los boletazos y el pésimo servicio de transporte.

Así Poli Horianski admite que no está dispuesto a invertir un solo peso dado que los usuarios del interior están “acostumbrados” a un servicio de baja calidad. Cabe destacar que en Posadas hace meses que las y los usuarios sufren y denuncian la reducción de frecuencias y viajan amontonados como ganado.

En Misiones, las empresas de transporte urbano de pasajeros y el Estado (provincial y municipal) viene aplicando boletazo tras boletazos llevando el boleto urbano a precios que oscilan entre $900 y $1400, lo que significa un gasto mensual de entre $80.000 y $130.000, una enormidad para una provincia donde los salarios apenas si superan los 190 mil pesos.

Al enorme costo se suma el pésimo servicio que obliga a los trabajadores y sus hijos a viajar hacinados en unidades viejas y poco equipadas para el calor extremo o el frío. Una muestra más de que a los empresarios no les interesa invertir para competir, sino asegurar sus ganancias al máximo incluso por encima de la vida humana.

La declaración de Horianski podría achacarse a cualquiera de los empresarios de transporte de Misiones, que llegan a las localidades prometiendo servicio de calidad a partir de la competencia y luego, en connivencia con los Estados municipales, se hacen con el monopolio y obligan a sus trabajadores y a los usuarios a vivir para sus ganancias. Así pasó en Aristóbulo Del Valle, Eldorado, San Vicente, Oberá y otras localidades.

El Partido Obrero ha denunciado a todos los gobiernos y empresarios por estas prácticas y tiene una propuesta concreta para garantizar un servicio de transporte que responda a los intereses de las y los trabajadores. Tenemos que abrir los libros contables de las empresas y ponerlas bajo el control de usuarios y trabajadores de la provincia.

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