En estos días, la justicia misionera se ve envuelta en un escándalo por la decisión de otorgar prisión domiciliaria a dos violadores condenados por abusar de sus hijos menores: Carlos R. Oulier, de la localidad de Iguazú, y Carlos Dalmasso, reconocido empresario de Eldorado. En ambos casos, el beneficio fue otorgado por considerarlos como población de riesgo frente a la pandemia de coronavirus. Con Dalmasso, el tribunal volvió sobre sus pasos, a raíz del repudio popular, revocando el beneficio. 

El hecho, que reproduce una conducta regular dentro del poder judicial de nuestra provincia de total naturalización y protección de los abusos contra niños, niñas y mujeres, más si los ejecutores son hijos del poder, se conoció como fruto del escándalo armado por la necesidad de descomprimir las cárceles.

En lo que respecta a Oulier, de 40 años, la decisión del juez fue justificada a partir de un diagnóstico de asma severo y mostrando un desprecio absoluto por la seguridad e integridad física y psicológica de la víctima y su entorno familiar, se le permitió llevar adelante la prisión domiciliaria en una residencia a escasas 20 cuadras del domicilio de aquellas, con el único recaudo del monitoreo que permite la tobillera electrónica. 

El empresario Dalmasso, a quien la justicia trató de proteger por su condición de empresario y “hombre fuerte” de la región, gozó de gran impunidad y la condena a 12 años y medio de prisión fue conquistada por una lucha popular en la que el Polo Obrero de la localidad de Eldorado tuvo una activa participación. Como puede advertirse, las condenas logradas en estos casos han sido producto de la enorme tenacidad y lucha de las familias, que junto a la comunidad, no confiaron en un poder judicial que ha dado sobradas muestras de actuar al amparo de violadores y femicidas, sobre todo si están vinculados al poder, como lo demostraron los casos de Marilyn Bárbaro, Silvia Andrea González y Tati Piñeyro, violadas y asesinadas por personas ligadas al poder del Frente Renovador, que gobierna la provincia desde hace casi dos décadas.

El beneficio de la prisión domiciliaria en casos como estos constituye una nueva instancia de revictimización, colocando a las víctimas y a la comunidad toda en situación de vulnerabilidad extrema. No existe garantía alguna de que estos delincuentes no vuelvan a cometer abusos, toda vez que el Estado no lleva a cabo un control efectivo sobre sus personas y si alguna duda cabe basta con mirar lo que sucede con las perimetrales, constantemente violadas porque la justicia de desentiende de su efectivo cumplimiento.

En Misiones la grave situación del sistema penitenciario no es novedad y hace tiempo que fue denunciada incluso por los mismos organismos de contralor creados por el gobierno de la Renovación, el cual nunca se ocupó de atender las problemáticas de hacinamiento y salubridad que ahora resurgen como caldo de cultivo para un probable brote agudo de contagio del coronavirus. Al sistema penitenciario colapsado hay que sumarle la superpoblación existente en los calabozos de las comisarías, donde se encuentran alojadas cientos de personas, muchas por largos períodos de tiempo, todo lo cual compone un cuadro de enorme riesgo sanitario. Sin embargo, al Estado provincial no le importan las condiciones inhumanas de las cárceles, así como tampoco la salud de la población en riesgo por la pandemia del Covid-19 ya que la cuarentena fue levantada prácticamente en la provincia para priorizar los intereses del empresariado local.

Finalmente no existe ninguna medida dirigida a solucionar el hacinamiento en las cárceles y sí un aprovechamiento de la situación para otorgar el beneficio de la domiciliaria a un puñado de detenidos entre ellos dos violadores de niños. 

Las cárceles misioneras están llenas de pobres. Más del 50% se encuentra con prisiones preventivas que exceden largamente el tiempo establecido en leyes y tratados internacionales. En estas condiciones las detenciones constituyen un acto de disciplinamiento contra las y los pobres sin más. En el caso de las mujeres, en su gran mayoría están presas por haber aceptado transportar drogas a cambio de un ingreso para poder subsistir, que el Estado no garantiza. Por otro lado, abundan en las cárceles las mujeres que soportaron violencia doméstica durante años y terminaron actuando en defensa propia y de sus hijes del ataque del violento. A otras directamente les inventaron una causa, como ocurrió con Cristina Vázquez, que pasó 11 años injustamente detenida. Esta población carcelaria no constituye peligro social alguno y, sin embargo, no hay voluntad de desactivar efectivamente la bomba de tiempo que son las cárceles, porque eso significaría cuestionar la orientación que tiene el castigo social que implementa la justicia en una sociedad de clases.