Carlos Ruckauf ha convertido en eje de su actuación política la creación de una “tercera moneda” no convertible *una “moneda basura”*. Pero el autor ideológico de la “pataconización” del país no es otro que Cavallo, que fue quien propuso emitir bonos nacionales (“federales”) para respaldar a los patacones, plantando la idea de hacer circular nacionalmente una tercera moneda de común acuerdo con los gobernadores.

La propuesta del bono federal tiene el apoyo de la UIA, las CGT y un sector de la banca. Según Juan Alemann: “Un título de circulación amplia en todo el territorio adquiriría en mayor medida el carácter de moneda secundaria, ya que tendría mayor aceptación y circularía con más fluidez… Los gobernadores aportan una solución al grave problema monetario que padece Argentina, que el ministro de Economía no pareciera entender. Así se genera liquidez que sirve para lubricar la economía” (La Razón, 25/9).

Sin salida

Un patacón nacional es, sin embargo, un “remedio” limitado. El caso de Jujuy es emblemático: en los meses de julio y agosto, tenía que recibir 50 millones de dólares en concepto de coparticipación que quedaron reducidos a 6 luego del pago de las deudas bancarias. Los docentes y estatales tienen un retraso de tres meses en el pago de sueldos. La Corte Suprema de Justicia, luego de una entrevista con Domingo Cavallo, rechazó la posibilidad de que el gobierno nacional se haga cargo de sus deudas y pague los fondos de la coparticipación sin los descuentos que cobran los acreedores provinciales, en “un claro mensaje a los gobernadores de otras provincias para que resuelvan en una instancia política y no judicial el conflicto con el gobierno nacional” (La Nación, 28/9).

Con la coparticipación hipotecada, como ocurre con la mitad de las provincias argentinas, no hay garantía para el bono federal.

El patacón, ¿”bienvenido”?

El planteo de una “moneda basura” significa moneda convertible para los explotadores, patacones para los explotados. La Afip acaba de admitir el pago de impuestos en patacones, pero a la vez Ruckauf vetó dos leyes a través de las cuales se obligaba a las empresas privatizadas de servicios públicos a aceptar el pago total de las facturas con patacones y se establecía que los descuentos por créditos personales tomados por empleados públicos debían hacerse en bonos. Las empresas de peaje no aceptan el pago en patacones, los supermercados y las estaciones de servicio solo en la proporción que cada uno quiera establecer.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires está obligado, sin embargo, a extender la “pataconización”. El vicegobernador Solá, “al ser consultado sobre la posiblidad de que se extienda la entrega de patacones por debajo del piso de 740 pesos, no descartó esa chance” (La Campaña, Chivilcoy, 26/9). Aunque la ley de emergencia planteó en forma taxativa que “la coparticipación impositiva municipal seguirá siendo de 1.050 millones de pesos anuales y los recursos se girarán en pesos, no en bonos”, en los Concejos Deliberantes, a instancias del gobierno provincial, se está votando habilitar el pago de los sueldos de las administraciones comunales en patacones; el intendente de Berisso acaba de reconocer que la Provincia “nos enviará esas letras de tesorería (patacones) para cumplir con sus pagos por coparticipación” (El Día, 31/8).

La Provincia está obligada a redoblar el empapelamiento.

El PO plantea:

• derogación de la rebaja de salarios y la “pataconización”;

• 600 pesos de salario mínimo por una jornada de ocho horas;

• ejecución económica de los grandes grupos deudores del Banco Provincia, control de los créditos por los trabajadores;

• no al pago de la deuda externa;

• cobro de impuestos en cada municipio, invirtiendo la coparticipación y bajo control de las organizaciones obreras y vecinales;

• plan de obras públicas a través de un impuesto exraordinario al gran capital, utilizando la mano de obra desocupada;

• Asamblea Piquetera en cada distrito para organizar un plan de paros y cortes escalonados hasta la huelga general.