El grupo empresarial DOTA posee el 67% de la compañías del sector de transporte automotor de pasajeros. Ciento ochenta líneas de las 389 que funcionan. Esto según un estudio de la Auditoría General de la Nación que aparece en el diario La Nación (30/9/10). Le sigue Micro Ómnibus Quilmes con un 3%. En la Región Metropolitana 14 grupos empresarios controlan 106 de las 160 empresas del rubro. Dota recibió el 48% de los subsidios del estado entre el 2014 y el 2017: 34 mil millones de pesos. Tomando los kilómetros recorridos,  el 47% fue abarcado por empresas del grupo Dota, mientras que a las que le siguen – Micro Ómnibus Quilmes y Nueva Metropol – correspondieron un 5% y 4% respectivamente.

Estas cifras revelan un proceso de concentración y monopolización brutal que se gestó bajo el gobierno de los Kirchner y el de Macri. Al calor de la política de subsidios, manejada a discreción tanto por los Jaime – De Vido primero, como por los Dietrich después, los grupos más fuertes, con más poder de lobby y más vinculados al poder de turno, fueron absorbiendo las empresas con menor espalda financiera, en procedimientos que incluyen juicios, aprietes y sobornos. Así desaparecieron empresas como Transportes del Oeste, el Grupo Plaza de los hermanos Cirigliano, líneas de componentes y familiares.

Pero el negocio es más amplio, los grupos colectiveros controlan el mercado de renovación de unidades a través del vínculo con empresas automotrices. DOTA controla la representación oficial de la brasilera AGRALES, además de ser propietaria de la carrocera TODOBUS. LA competencia es COLCAR que vende Mercedes Benz. Ambas luchan a brazo partido por el multimillonario negocio de la renovación de flotas y la venta de repuestos. No es ajena a esta puja, la división de la cúpula burocrática de la UTA, donde el sector “disidente” del ex–secretario gremial Miguel Bustinduy está asociado a los negocios de DOTA – AGRALES, mientras el de Fernández se entiende con Mercedes Benz.

El trípode precio del boleto, subsidios y sueldo de los trabajadores de UTA, ha sido manipulado por la alianza de las Cámaras empresarias, la burocracia del gremio y los Ministerios de Transporte de turno, para favorecer a unos y otros grupos patronales y funcionarios vinculados. Los grandes perjudicados, los trabajadores que, sea como choferes y mecánicos de la UTA, o como pasajeros, vienen pagando la fiesta. Los trabajadores de la UTA cargando con una pérdida considerable de su poder adquisitivo en las sucesivas paritarias a la baja y el deterioro de sus condiciones de trabajo y los usuarios pagando pasajes confiscatorios. Los intentos de resistencia de sectores de base del gremio son duramente reprimidos por una masacre de sanciones patronales y despidos y la colaboración de las patotas de ambos sectores de la burocracia.

Las patronales siempre salen ganando. En enero y febrero de 2019 se registró una merma de 40% de los subsidios respecto de 2018. Una parte compensada por el aumento del boleto y otra cuyo pago el gobierno nacional transfirió a Ciudad y Provincia. Las patronales reaccionaron con amenazas de reducción de servicios y la UTA con conatos de paros, de tinte pro patronal, en horarios nocturnos. Lo mismo sucedió en el interior con las empresas que se quejan de no recibir los subsidios suficientes. El gobierno reculó e inició negociaciones para cubrir con subsidio el aumento del gasoil. Las patronales piden 100 millones más.

El camino para frenar la confiscación del bolsillo popular por parte de patronales y gobiernos, es la organización independiente contra la superexplotación patronal y el negociado de empresas, burocracia y gobiernos, culpables de la crisis. Por el aumento salarial que cubra lo perdido y la rebaja del precio del boleto a valores de un año atrás. Y si no garantizan un transporte público eficiente y económico, que se estatice la administración de las líneas bajo control de los trabajadores y usuarios.