21/10/2021

Monotributo Inclusivo: el “blanqueo” de la flexibilidad laboral

El proyecto oficial busca “formalizar” el fraude laboral de las patronales y el trabajo precarizado.

El gobierno nacional anunció la intención de impulsar un proyecto de ley para la creación de un Monotributo Inclusivo, que serviría para regularizar la situación de millones de trabajadores no registrados. La propuesta busca formalizar las inscripciones fraudulentas de las patronales y el trabajo precarizado.

Se trata de más de seis millones de trabajadores comprendidos en tal situación, alguno debido a que se desempeñan como cuentapropistas y/o autónomos, trabajadores de la precarizada “Economía Popular” y otros forzados a encubrir una relación laboral oculta, con el propósito de las patronales de evadir “costos laborales” y obligaciones contractuales.

La medida implicaría la absorción y ampliación de lo que hoy es el Monotributo Social, que solo alcanza a algunas actividades, vinculadas mayormente a las cooperativas relacionadas con los programas sociales. En efecto, implicaría la eximición del componente impositivo para quienes facturen hasta $64.000 mensuales (Categorías A, B y C) y una exención de dos años para la Categoría D y superiores, tras lo cual deberán pagar el 50% al tercer año y el 75% al cuarto.

Respecto a la cobertura médica la iniciativa resulta un tanto capciosa, ya que “se garantizaría” la cobertura de los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación: lo que en criollo implica el acceso a la salud pública… que es de público acceso.

Esto incluso redundaría en la privación de un derecho preexistente, que es el de acceso y libre elección de las obras sociales por parte de los monotributistas sociales. Puede que el gobierno quiera terminar, por esta vía, con la trasferencia de recursos necesarios para compensar los aportes bajos a las obras sociales receptoras del Monotributo Social, lo que representa una caja millonaria que gestionan amigos y cercanos al gobierno.

Para el caso de los aportes previsionales, las categorías más bajas no aportarían durante los primeros dos años, tras los cuales pasarían a abonar el 50% hasta el cuarto año. Mientras que las categorías superiores se advendrían a un regimen progresivo (primer año exentos, 25% segundo año, 50% el tercero y 75% el cuarto).

Esto último plantea un desfinanciamiento del régimen previsional nacional y de la Anses, sobre el cual recae la financiación de la casi totalidad de las políticas y beneficios del gobierno a las patronales. Para quien señale que esto implicaría un beneficio a los trabajadores, cabe resaltar que la mayoría de estos se ven forzados a la irregularidad registral y/o al régimen simplificado debido a que las patronales y el Estado se niegan a reconocer el carácter laboral de las tareas que estos realizan.

Es lo que ocurre con cientos de miles de cooperativistas que realizan tareas de limpieza, desmalezamiento, reciclaje, cuidado de espacios públicos, refacciones, construcción, etc. Que son utilizados por los gobiernos municipales y provinciales para cubrir tareas encuadradas en convenios colectivos municipales y/o estatales. O lo que sucede con algunos prestadores de salud y con los trabajadores de reparto, entre otros.

La regularización de estos millones de trabajadores debe partir del reconocimiento de la relación laboral inmanente y del correcto encuadramiento convencional y el goce de todos los derechos laborales. Mientras que para los monotributistas de las categorías más bajas deben contemplarse las dificultades económicas del último periodo y la actualidad, bonificando el monotributo a aquellos trabajadores que se encuentren desocupados y haciendo valer un verdadero acceso a las obras sociales, hoy impedido a muchos de ellos.

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