El oficialismo envió al Congreso nacional un proyecto de ley para crear un “monotributo productivo” al que podrán inscribirse los trabajadores cooperativistas. A su vez, se prevé un fideicomiso a fin de financiar líneas de créditos destinadas a desarrollar este tipo de unidades. El gobierno, incapaz de crear empleo genuino, con estas iniciativas busca blanquear y extender la precariedad laboral inmanente de la llamada “economía popular”.

La diferencia con el monotributo social es que el “productivo” permitirá facturar montos mayores comprendidos hasta la categoría C. Por otra parte, el Estado se haría cargo por dos años del componente jubilatorio y de salud, contribuyendo únicamente al sistema público, es decir, los trabajadores inscriptos no podrán acceder a una obra social como el resto de los monotributistas.

De este modo, se pretende “formalizar” a 8 millones de personas, no encuadrándolas en el convenio colectivo correspondiente por la actividad que realizan con plenos derechos laborales, sino legitimando un fraude laboral donde en muchos casos son las propias empresas o gobiernos municipales los que crean las cooperativas de trabajo para conchabar mano de obra barata, la cual ejecuta las mismas tareas de un trabajador bajo convenio pero cobrando migajas.

Así las cosas, se profundizará una realidad donde la “recuperación” del empleo se sustenta en mayores índices de flexibilización, en muchos casos bajo la forma del monotributo, donde la parvedad en los ingresos es la norma. Lejos de ayudar a disminuir la pobreza estructural, como afirman los funcionarios, la apuesta oficial de expandir el modelo de trabajo cooperativizado y mal pago solo servirá para presionar a la baja las condiciones laborales y el salario del conjunto de la clase obrera.

Por otro lado, el monotributo productivo iría acompañado de una normativa para que el 10% de los depósitos bancarios se utilice en fondear créditos a tasa subsidiada dirigidos a que las cooperativas puedan financiar la incorporación de nueva maquinaria y capital de trabajo. Lo anterior va a contramano de la política gubernamental de subir las tasas del Banco Central y de los bonos del Tesoro, a pedido del FMI, fomentando la tenencia de instrumentos financieros nominados en pesos por parte de los bancos, quienes ya en septiembre 2021 destinaban el 90% de los depósitos privados en la compra de títulos públicos, encareciendo los préstamos industriales y personales. Con lo que los incentivos prometidos a la “economía popular” son de dudosa aplicación, y, por consiguiente, seguirá primando la asfixia financiera y falta de competitividad de dichos emprendimientos.

Miembros de Desarrollo Social presentan el proyecto como una alternativa frente a que “desde hace cinco décadas, la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado está prácticamente estancada (…) el sector privado registrado hoy no puede dar solución a toda la demanda de empleo” (Ámbito, 11/4). Es decir, el gobierno le endilga a los propios trabajadores la responsabilidad de crearse empleo a ellos mismos, eximiendo así a las empresas y al Estado, en un cuadro de crisis y de contracción económica; una perspectiva verdaderamente inconducente. Cabe destacar que el oficialismo está también inmerso en la huelga de inversiones que protagonizan los capitalistas desde el momento que no da lugar a un plan de viviendas y obra pública que permita la creación de nuevos puestos de trabajo bajo convenio. Solo se limita a formalizar la precarización, avanzando así en una reforma laboral en los hechos para complacer a las patronales.

Con todo, el monotributo productivo y los supuestos créditos no mejorarán en nada la situación de los trabajadores pertenecientes a este circuito informal quienes seguirán atravesando los mismos padecimientos. No obstante, el gobierno exhibe la promoción a las cooperativas como un reemplazo de la asistencia social, en función de reforzar el ajuste tal como exige el FMI. En otras palabras, los trabajadores en negro “blanqueados” mediante este mecanismo perderán la posibilidad de percibir un programa social sin haber logrado salir de la pobreza. A su turno, se utilizarán los imperceptibles estímulos a la “economía popular” para intentar ocultar el rumbo recesivo que promete el acuerdo con el Fondo, contrario a la generación de empleo.

Necesitamos pelear por el trabajo bajo convenio para todos, con un salario mínimo de $130.000 y aumentos salariales indexados a la inflación. Por otro lado, es preciso abrir un proceso de reorganización social centrado en la creación de empleo genuino, a partir de nacionalizar bajo control obrero los recursos estratégicos -banca, comercio exterior, industria energética- para verterlos en un plan de desarrollo industrial, de vivienda y obra pública. La ruptura con el FMI y el repudio de la deuda son pasos indispensables en esa dirección.

 

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