Monsanto, Syngenta y el resto de los grandes semilleros que operan en el país, están embarcados en una agresiva campaña por una nueva ley de semillas que condicione su uso, imponga el reconocimiento de las patentes y el consiguiente cobro de regalías.

 

Las empresas semilleras quieren imponer el uso propio oneroso; es decir, terminar con la posibilidad de que los agricultores utilicen granos de una cosecha anterior como semilla. Así, deberían pagar regalías al comprar semillas por primera vez y, si guardan para futuras siembras, pagar ante cada oportunidad que las usen.

 

El gobierno ya ha cedido frente a Monsanto, pues se comprometió a fiscalizar las cosechas e identificar a los productores para que la multinacional les cobre.   Recientemente el presidente del Inase (Instituto Nacional de Semillas) fue más allá, al amenazar con multas a quienes utilicen semillas ‘ilegales’ (Clarín, 25/7/16).

 

A pesar de este triunfo, Monsanto amenazó con no traer al país sus últimas innovaciones y, eventualmente, retirarse del mercado nacional. Lo mismo planteó Syngenta. Quizás esta pudo haber sido la solución, dado que, después de veinte años de “eficiente trabajo”, sólo se conocen eventos de resistencia a herbicidas y a ciertos insectos y la producción o el rinde por unidad de superficie no se ha incrementado sustancialmente. En países con producciones similares, como Estados Unidos y Brasil, donde las regalías están consagradas, el rinde medio no difiere de los guarismos en nuestro país -donde sólo un 15% de la superficie está sembrada con semillas que tributan regalías.

 

 

¿Propiedad privada o patrimonio de la humanidad?

 

En el país existen dos sistemas de propiedad intelectual: el Derecho del Obtentor (DOV), establecido en la actual Ley de semillas, que protege la propiedad de las creaciones vegetales, y el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas.

 

Los Derechos del Obtentor se aplican para variedades que se descubren o se inventan, pero el agricultor que la cultiva tiene derecho al uso propio -es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra. Esto cambiaría sustancialmente, con la modificación de la ley vigente y la implementación del patentamiento.

 

La industria de las semillas sostiene desde hace tiempo que, con las inversiones requeridas para la investigación y desarrollo de nuevos eventos biotecnológicos, es necesario un reconocimiento a la propiedad intelectual.

 

Este es el punto crucial del debate: ¿las especies vegetales pueden ser patrimonio privado? Con la simple introducción de pequeños cambios en sus estructuras génicas, las productoras de semillas pretenden obtener la propiedad total y garantizarse el cobro de regalías por cada semilla que se utilice.

 

Ante la ofensiva de las semilleras (hasta Barak Obama, en su visita a nuestro país, planteó que su reclamo era “improrrogable”) planteamos que la semilla debe declararse patrimonio de la humanidad. Esto supone un centro de investigación y producción de semillas en manos del Estado y bajo control de los trabajadores, la nacionalización de los latifundios y el arrendamiento en favor de cooperativas y agricultores y trabajadores sin tierra.